La diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, Delsa Solórzano, reprochó lo ocurrido el 21 de julio en San Félix, estado Bolívar, donde murieron siete personas a manos de sujetos desconocidos y dijo que ese hecho evidencia una vez más “la ausencia del Estado” en la protección de los ciudadanos.
Solórzano, durante una rueda de prensa para hablar de la justicia transicional cuando se produzca un eventual gobierno de transición, indicó el 22 de julio que antes de que la oposición resultara mayoría en 2015 en el Parlamento, habían 12 millones de armas ilegales en Venezuela. En ese sentido, alertó que al ver que los irregulares tienen un alto poder de fuego, eso ratifica que los controles de las autoridades no existen.
“Esto que ocurre es responsabilidad del Estado porque es el único que tiene la responsabilidad de salvaguardar a los venezolanos”.
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Además, considera que se remarca que Venezuela es el país “más peligroso del planeta” y dijo que se han recibido numerosas denuncias desde el estado Bolívar debido a las mafias que actúan en esa entidad, haciendo énfasis en el caso del diputado Américo de Grazia, que está en calidad de huésped en la embajada de Italia luego de ser despojado ilegalmente de su fuero parlamentario, que además es perseguido por esos grupos al sur del país por denunciar lo que ocurre.
Insistió que las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios de forma individual por violación de DDHH, no son responsables de la crisis económica por la que atraviesa Venezuela y dijo que “los Estados tienen derecho a decir qué personas no pueden entrar a su país. Se quejan de las sanciones y del Imperio, pero no pueden ir a ver a Mickey Mouse”.
Pidió fe de vida de cuatro presos políticos dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), tres oficiales y un civil, de los cuales no se sabe nada desde hace varias semanas. “¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos los devuelvan en una urna cerrada como el capitán Rafael Acosta Arévalo?”
Por ello, exigió que se regularicen las visitas para los familiares, ya que ellos temen por la integridad física de sus allegados. Además, se incrementó la tortura y tratos crueles al grabarle y controlar las visitas e impedir el acceso a la comida por parte de sus familias.
Denunció que a las mujeres que van a visitar a los presos en la cárcel de Ramo Verde en el estado Miranda, son desnudadas completamente. “Hasta a una bebé de 10 meses se le quitó el pañal y a niñas de 16 años. Había algunas que fueron tocadas en sus partes íntimas”.
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Respecto al diputado Édgar Zambrano, quien el 21 de julio dejó su huelga de hambre tras poder ver a su familia, indicó que está en “proceso progresivo” de recuperación y su salud “se está mejorando”. Además espera que las exigencias del primer vicepresidente del Parlamento sean cumplidas.
Sobre el caso del exministro Miguel Rodríguez Torres, Solórzano recalcó que aunque sus abogados darán detalles al respecto, conoce que una de las exigencias que pedía el mayor general era la liberación de su esposa, quien fue excarcelada luego de sufrir “brutales torturas”, así como también se refirió a los familiares del general Raúl Baduel, quienes piden fe de vida del también exministro de la Defensa.
