La diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano se refirió el 18 de julio al pronunciamiento del Parlamento Europeo (PE) de querer aplicar más sanciones a funcionarios venezolanos, que son responsables por la muerte del capitán Acosta Arévalo. Al respecto, dijo que la declaración del PE fue “contundente” y que además quienes la piden son los nuevos europarlamentarios que iniciaron sus funciones el jueves.
“Es una clara declaración que dice de manera meridiana que en Venezuela se violan los DDHH y expresan preocupación de los europarlamentarios y señala aumentar la presión contra quienes usurpan el poder. No es fácil. Es imposible más bien para quien está en la usurpación, ocultar lo que ocurre. No lo pueden ocultar ni en Telesur”, recalcó.
Respecto a la discusión que llevó a cabo en la OEA el 17 de julio, sobre la visita de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH), Solórzano señaló que el órgano latinoamericano está solicitando ingresar a Venezuela desde 2002 pero no han tenido efecto. “Pero ahora la situación política es distinta”, porque desde el Ejecutivo, ejercido por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, desde el 23 de enero, se les invitó a Venezuela “y esperamos que vengan en los próximos días”.
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“Maduro tiene que asumir el costo de no dejar entrar a la CIDH, teniendo en cuenta que la última vez que lo permitió fue con la visita de Michelle Bachelet al país”, manifestó.
Se refirió además al “espaldarazo” que le diera el mandatario Nicolás Maduro le dio a la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), luego de las acciones que ese cuerpo de seguridad ha hecho en contra de la población y la petición que hiciera la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, de eliminar de forma inmediata ese organismo.
“La respuesta es que ratifica al FAES ¿Eso qué es? ¿Permiso para matar? (…) esto es grave y está siendo recogido en un informe que va a la oficina de la ONU”, adelantó.
Indicó que en el caso de la clarinetista Karen Palacios, la joven se encuentra excarcelada y tiene medidas cautelares de presentación cada 30 días, siendo la primera el 17 de julio. Denunció que no se le ha permitido contar con sus abogados de confianza, por lo que tiene como defensa a letrados de la administración pública y reveló que el primero que tomó su causa fue destituido por pedir medidas cautelares para la muchacha.
Aprovechó para volver a rechazar las acusaciones del presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, de que estaría implicada en un supuesto complot para asesinar a funcionarios de la actual administración. Dijo que ya demostraron “pruebas suficientes” de su inocencia.
“Hemos demostrado eficientemente que quiso montar una olla. Pero eso no llegó ni a la leña porque ya la desmontamos. Nosotros no comemos ollas (…) creo que debe quedar claro que los acosos al Parlamento continúan y se incrementan. Vimos cómo se ha arremetido contra el entorno de Juan Guaidó apresando a las personas que son responsables de su seguridad”.
Aprovechó para decir que tras el informe presentado por Bachelet, todavía en Venezuela persisten las violaciones a los DDHH, ya que hay presos políticos que son víctimas de desaparición forzada como los militares recluidos en la Dgcim, que además son víctimas de torturas físicas y psicológicas.
Dijo también que al preso político Vasco da Costa se le diagnosticó cáncer y que necesita ser intervenido de forma inmediata, por lo que pidió su liberación, al igual que al parlamentario Franklyn Duarte se le está persiguiendo por denunciar lo que sucede en el estado Táchira.
