Corte Suprema de EE.UU. avaló regla de “carga pública” que facilita negar residencia a migrantes

La Corte Suprema de Estados Unidos levantó este lunes un bloqueo judicial que impedía la aplicación de un polémico reglamento que permite al gobierno de Donald Trump la posibilidad de negar la residencia a los inmigrantes que hagan uso de programas de asistencia pública tales como Medicaid, cupones para alimentos y vales para vivienda, entre otros.

Los nueve jueces que componen la más alta jurisdicción estadounidense votaron divididos 5 contra 4 la petición de la administración Trump de levantar un bloqueo que había sido establecido por un tribunal de menor rango para frenar la aplicación de esta norma.

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El fallo de la Corte Suprema le permite “al gobierno seguir aplicando (por ahora) esta política en todos lados salvo en Illinois”, debido a un recurso judicial aún pendiente en ese estado, indicó el alto tribunal.

El gobierno de Trump, que impulsa una política migratoria restrictiva, señaló al anunciar el reglamento en agosto de 2019 que buscaba proteger los beneficios de los estadounidenses, por lo que “los inmigrantes deben ser financieramente autosuficientes”.

La regla fue emitida por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) y amplía los criterios de lo que se conoce en Estados Unidos como “carga pública” y evalúa el uso de subsidios habitacionales, bonos de alimentación y acceso a servicios de salud a la hora de presentar una solicitud para tener una residencia permanente, conocida como “Green Card”.

Con esta medida los oficiales de inmigración tienen más facilidades para negar la entrada u otorgar un determinado estatus migratorio a personas que dependan de las ayudas públicas.

La publicación del fallo fue recibido con una lluvia de demandas en diversos circuitos judiciales, entre ellas una en Nueva York donde el juez George Daniels calificó la norma como algo “repugnante para el sueño americano de una oportunidad de prosperidad y éxito mediante el trabajo duro y la movilidad ascendente”.

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Por su parte, el subsecretario interino del DHS, Ken Cuccinelli, celebró el fallo de la Corte Suprema asegurando que el alto tribunal está “harto de las decisiones de algunos jueces en el país”.

“Obviamente estamos felices de que la Corte Suprema se pronunció de la forma en que lo hizo. Espero que algunos de estos jueces activistas de distrito entiendan el mensaje que su trabajo es la ley y no sus preferencias políticas, si quieren hacer eso, que se presenten al Congreso”, destacó Cuccinelli.

En ese sentido, la medida considera factores como la edad, su historial de empleo y las finanzas que tiene un migrante para poder establecer si estas personas se convertirían en una “carga pública” hacia el futuro.

Este tipo de reglas estaban alineadas con las propuestas de campaña de Trump a la Presidencia en donde el entonces candidato prometía ser más riguroso con la migración porque, según él, afectaba a los estadounidenses.

El aval de la Corte ahora le permitirá al Gobierno Trump aplicar esta polémica medida, que no será retroactiva y no afectará a las personas que hayan conseguido la nacionalidad ni a los que ya hayan obtenido la residencia permanente (green card).

En ese sentido, las personas que soliciten la residencia o busquen legalizar su estatus migratorio deberán demostrar que no se convertirán en una “carga” para el Gobierno de EE.UU. por lo que quienes usen este tipo de ayudas sociales serán “descalificados” para obtener esta documentación.

En Estados Unidos hay cerca de 22 millones de extranjeros que residen legalmente en el país y según el Centro de Investigación Pew, 10 millones de personas lo hacen irregularmente.

Sin embargo, se estima que aproximadamente 544.000 personas solicitan permisos de residencia al año, pero según el gobierno serían unos 382.000 los que están en condiciones que los harían sujetos a las nuevas revisiones migratorias.

No obstante, de acuerdo con un informe de la agencia AP los inmigrantes representan una pequeña parte de quienes reciben asistencia pública ya que muchos no pueden acceder a ella por su irregular estatus migratorio.

Según la norma, las ayudas que se tendrían en cuenta para aplicar esta regulación estarían relacionadas con la asistencia financiera en efectivo que sea otorgada por una entidad federal, estatal o local para el mantenimiento de los ingresos.

Asimismo, será tenida en cuenta el Supplemental Security Income (SSI), la Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF) o programas como el Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP) y el de la Sección 8 de Vales para el Alquiler de Viviendas.

Otro de los programas tenidos en cuenta por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para estos trámites será el programa Medicaid, el cual es financiado por el gobierno federal, con ciertas excepciones.

La postura de Trump y otros sectores que buscan endurecer los controles migratorios es que los trabajadores inmigrantes poco calificados compiten por los puestos de trabajo estadounidenses y provocan que los salarios caigan para todos los empleados.

Pero un creciente número de investigaciones sostienen lo contrario: prescindir de los trabajadores inmigrantes puede ser destructivo, ya que puede acarrear pérdida de puestos de trabajo, salarios más bajos, cancelación de inversiones y servicios menos asequibles, incluso para los estadounidenses.

Según Pew Research Center, alrededor de 7,6 millones de inmigrantes trabajan sin autorización en Estados Unidos, un 4,6 % de la mano de obra del país, una cifra que se va reduciendo a pesar de que hay un demanda fuerte de estos trabajadores.

Los inmigrantes trabajan en el procesamiento de alimentos, la agricultura y la hostelería, así como en restaurantes, en la construcción y en el cuidado de niños.

Un estudio de Academia Nacional de Ciencias reveló en 2016 que había “pocas pruebas” de que los inmigrantes afectaran el mercado laboral de los nacidos en Estados Unidos.

Y Julie Hotchkiss, economista del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, examinó los registros de empleadores y salarios del estado de Georgia y descubrió que las empresas que contratan a trabajadores no autorizados realmente pagan a sus empleados que sí lo están salarios más altos y permanecen en el negocio por más tiempo.

El trabajo para estadounidenses en realidad cayó un 0,7 % en las comunidades donde las autoridades deportaron a medio millón de inmigrantes, principalmente hispanos, entre 2008 y 2015, según una investigación publicada en diciembre por economistas de las universidades de Colorado y California.

Los inmigrantes poco calificados a menudo “complementan” a los trabajadores nativos más calificados y legalmente autorizados, lo que permite a las empresas prosperar y emplear a más trabajadores en general, dijeron.