El Congreso de Chile aprobó este jueves una reforma que permite realizar un plebiscito que eventualmente decidirá si se redacta una nueva Constitución, una de las demandas de las protestas callejeras que se desataron hace dos meses.
Los congresistas, sin embargo, rechazaron un pedido de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera para que el órgano que redacte una nueva Carta Magna estuviera conformado por igual cantidad de hombres que de mujeres e incluyera a independientes e indígenas.
El proyecto, aprobado por 38 votos a favor y tres en contra, permite realizar un plebiscito el próximo 26 de abril para que los votantes elijan si quieren una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactarla: una Convención Mixta Constitucional -integrada por congresistas, representantes políticos y de la ciudadanía- o una Convención Constitucional, similar a una asamblea constituyente y donde todos los integrantes son electos por votación.
“Este es un triunfo histórico e importante de la democracia chilena”, dijo Jaime Quintana, presidente del Senado y del opositor Partido Por la Democracia (PPD, izquierda).
La cámara de Diputados había aprobado la reforma el miércoles en medio de una inusitada protesta de feministas, que ingresaron al hemiciclo en medio de gritos. Los diputados rechazaron por falta de quórum tres indicaciones presentadas por la oposición que contenían los pedidos de paridad de género y de inclusión de independientes y grupos indígenas.
El Senado también rechazó esas propuestas ante la falta de quórum y la resistencia de las bancadas conservadoras.
“Debe haber paridad, somos la mitad del país y nos cuesta mucho más dada la subsistencia de los valores del patriarcado. Reconocemos al movimiento feminista que ha impulsado esto”, dijo la senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende, hija del fallecido presidente Salvador Allende y que votó por la inclusión de la paridad de género.
El Congreso aprobó la reforma luego de que los senadores oficialistas y opositores alcanzaran un acuerdo para establecer las reglas del plebiscito el 15 de noviembre pasado, en medio de las violentas protestas que han dejado 24 muertos, miles de heridos y acusaciones de violaciones de los derechos humanos contra las fuerzas del orden.
Una Constitución en democracia
El clamor de los chilenos por tener una nueva Constitución que reemplace la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) nació en medio de las protestas que se iniciaron el 18 de octubre pasado, cuando estalló en el país la peor crisis desde el retorno a la democracia.
Según congresistas opositores, las tres indicaciones rechazadas en ambas cámaras, también son parte de las demandas de los chilenos. Por ello, manifestaron que agotarán todas las instancias legislativas con el fin de que sean incluidas.
“Luego de 40 años se abre camino a una nueva Constitución hecha en democracia (…) El pueblo se manifiesta en las calles y se ha manifestado por una nueva Constitución”, afirmó la senadora Allende.
Analistas coinciden en que el rechazo del Congreso a la paridad y los escaños para indígenas e independientes en una eventual Constituyente, es una señal de la poca “empatía” de la clase política hacia el movimiento social que se mantiene en las calles.
“El rechazo le resta legitimidad al proceso constituyente, que tiene que ser legítimamente validado por la población. Eso no ocurrirá si no se abren los espacios de participación”, afirmó Andrea Hurtado, directora de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago, en un comunicado de esa institución.
El fin de semana pasado, más de dos millones de electores votaron en una consulta no vinculante en unos 225 municipios expresando un rotundo 92,4% a favor de una nueva Constitución. Un 73,1% votó porque sea redactada por una Asamblea Constituyente, en contra de la postura de gran parte de la dirigencia de derecha, que desea una Convención Mixta que incluya a los actuales miembros del Congreso.
La Asociación de Municipios de Chile decidió realizar esa consulta en un esfuerzo por destrabar la crisis social que no cede en un país que hasta octubre era considerado uno de los más estables de la región, junto a Uruguay.
