Foto: EFE
Miles de personas se concentraron en Santiago este lunes para conmemorar un mes de las protestas sociales en Chile, en las que exigen un mejor reparto de la riqueza y reformas sociales, ante los “abusos” de un modelo económico considerado próspero solo para algunos.
Una concentración en plaza Italia -centro neurálgico de las protestas en Santiago- reunió a unas 10.000 personas, cifra que es mucho menor de los 1,2 millones de manifestantes que se concentraron en ese mismo lugar el 25 de octubre, una semana después de que comenzara el estallido social.
Todo comenzó el 18 de octubre cuando los estudiantes de secundaria se negaron a pagar el billete de metro, pero derivó en la más profunda crisis social que ha vivido Chile desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Las álgidas protestas fueron aumentando con el paso de los días y le cambió la cara al país, modificando por completo la agenda del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y la del Parlamento.
La protesta desarrollada este lunes, al cumplirse un mes del estallido social, se realizó en un ambiente pacífico y festivo, y se repitió a coro el grito “Chile Despertó”, transformado en un lema de los manifestantes.
Un grupo reducido de encapuchados con escudos de lata protagonizaron incidentes aislados y fueron dispersados por policías antidisturbios que respondieron con gases lacrimógenos cerca de Plaza Italia.
El metro de Santiago también retomó la normalidad con la apertura de siete estaciones, una de ellas en Puente Alto (sur de Santiago) que abrió después de permanecer cerrada durante un mes y dejar prácticamente sin transporte a los casi 800.000 habitantes de esta popular comuna, y que luego de unas horas fue nuevamente cerrada por protestas.
Tras un mes de crisis, el país se divide entre quienes buscan volver a la normalidad y los que quieren seguir presionado por mayores cambios. Sin embargo, los trabajadores del sector público agremiados en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizarán un paro nacional este martes y miércoles.
Antes del 18 de octubre, los efectos del cambio climático en el país y la organización de la cumbre internacional del clima (COP25) dominaban la agenda en Chile, pero después de un mes de protestas ahora se discute sobre una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura, junto a una profunda reforma al sistema de pensiones, de salud y educación.
El Congreso chileno aprobó el viernes un acuerdo para convocar a un plebiscito en abril de 2020 para decidir cambiar o no la Constitución y escoger el mecanismo mediante el cual sustituirlo: una asamblea constituyente o una convención mixta integrada en partes iguales por asambleístas y congresistas.
“En las últimas cuatro semanas, Chile cambió (…) El pacto social bajo el cual habíamos vivido se resquebrajó”, indicó Piñera en un mensaje en el que celebró el acuerdo político que permitiría el cambio constitucional.
Lo cierto es que las protestas han logrado generar un cambio en el país ya que en 30 años de democracia no había prosperado ningún intento por sustituir la Constitución, que en 1980 redactó la dictadura de Pinochet y que fue aprobada en un cuestionado plebiscito con unas disposiciones que aseguraron el poder de los grupos conservadores.
Una encuesta de este lunes de la privada Cadem reveló que un 67 % de los chilenos considera “bien o muy bien” el acuerdo constitucional.
El Congreso también discutía aumentar en 50 % la pensión básica solidaria, fijada en 133 dólares, opción que para el gobierno no puede concretarse inmediatamente debido a que se deben evaluar los impactos fiscales de esta medida.
“Quiero ser responsable y muy claro en decirlo. Eso significa mil millones de dólares que Chile no tiene”, indicó Ignacio Briones, ministro de Hacienda de Chile.
Los analistas y expertos en política han asegurado que lo que viene pasando es Chile fue un drástico despertar de un país considerado uno de los más estables de América Latina y con un alabado modelo económico.
Sin embargo, las cifras reflejan que los choques con la Fuerza Pública y los manifestantes han dejado una de las más graves crisis sociales y políticas de la historia de Chile.
Los reportes oficiales dan cuenta que en los 30 días de protestas han dejado 22 muertos, 79 estaciones del metro de Santiago atacadas o incendiadas y casi 15.000 detenidos en todo el país, de los cuales 3.500 son por los saqueos registrados en el país.
Asimismo, más de 200 personas han resultado con lesiones oculares graves tras el disparo de balines de la policía en medio de los enfrentamientos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo una alerta sobre esta situación y envió un equipo técnico a Chile con el objetivo de recopilar información sobre denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos cometidos por agentes durante las manifestaciones.
“Son días en los cuales nosotros realizamos un amplio proceso de escucha”, destacó Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH al anunciar el proceso de investigación.
De esta forma, los chilenos tratan de superar esta histórica crisis social y política y ahora piensan en la forma cómo se redactará la nueva constitución en la que debe quedar plasmadas las peticiones en social, pensiones, educativa, laboral, han realizado en el último mes.
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