El jefe del Departamento de Extranjería y Migración de Chile, Álvaro Bellolio, informó que el Gobierno que preside Sebastián Piñera extendió por 90 días el plazo para que los inmigrantes regularicen su situación en la nación austral.
Bellolio indicó que la fecha tope era el lunes 22 de julio, pero indicó que debido a que hay alrededor de 10.000 personas esperando para ser atendidas, se decidió extender el plazo hasta el 22 de octubre y dijo que se extendió la medida porque en algunos casos la responsabilidad no cae en el inmigrante sino que desde sus gobiernos respectivos que no han enviado los antecedentes que necesitan para realizar el trámite.
En esta línea, Bellolio señaló que el gobierno chileno “quiere dar la oportunidad para que todo extranjero que se le otorgó su visa, que se inscribió en la regularización y que por factores externos no ha podido hacerlo, solicite su visa y la vaya a estampar”, resaltó EFE.
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Según Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la política del Gobierno ha sido un fracaso pues la cifra de quienes han regularizado su situación no alcanza a la mitad de lo previsto, principalmente por la alta cantidad de rechazados sin razones claras, pues la mayoría de ellos cumplen los requisitos exigidos.
“Hay miles de personas que cumplen los requisitos y se les excluye, es gente que fue forzada a inscribirse (en el proceso) y ahora se les rechaza y amenaza con expulsiones masivas”. Además recalcó que esto “es contrario a las leyes del país y a tratados internacionales suscritos con Chile”.
Según datos oficiales, al 31 de diciembre de 2018 los inmigrantes sumaban en Chile 1.251.225 personas, de los que 288.230 son venezolanos, 223.923 peruanos y 179.338 son haitianos, como las comunidades más numerosas.
Protestas para rechazar políticas migratorias
Cientos de inmigrantes protestaron el 21 de julio en Santiago en rechazo a las políticas migratorias del gobierno de Chile, a las que acusan de obstaculizar la regularización de la ola de extranjeros que ha llegado al país en los últimos años.
Cerca de medio millar de manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago, para reclamar contra las condiciones que deben enfrentar para regularizar su situación migratoria.
Luego marcharon pacíficamente con banderas de Venezuela, Cuba y República Dominicana, al igual que pancartas con leyendas como “Denunciamos políticas represivas y antimigrantes”.
“Protestamos en contra de las formas en que se están implementando las políticas migratorias, en particular a lo que se refiere a la regularización que se está llevando a cabo en el país”, dijo a la AFP el uruguayo Eduardo Cardoza, vocero del Movimiento Acción Migrante, uno de los grupos que convocó la manifestación.
La masiva llegada de inmigrantes a Chile, que hasta 2018 superó 1,2 millones de personas, llevó al gobierno de Sebastián Piñera a implementar un proceso de regularización.
Se estimaba que a ese proceso se debían inscribir unos 300.000 extranjeros, pero solo lo hicieron cerca de la mitad de esa cifra.
Los manifestantes atribuyen la poca participación a la falta de una divulgación masiva de información sobre el proceso, a que algunos de los documentos que se solicitan son prácticamente imposibles de obtener y que el sistema informático utilizado colapsó en reiteradas ocasiones.
