El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reafirmó su política de “mano dura” contra el crimen con un indulto que incluye homicidios cometidos en “ejercicio de sus funciones” por una fuerza policial considerada entre las más letales del mundo.
El indulto, que fue publicado este martes en el Diario Oficial y concedido en el marco de la Navidad, ampara a aquellos policías que fueron condenados por “crímenes o excesos culposos”, cometidos en defensa propia o sin intención, aún cuando estuvieran fuera de servicio.
El perdón es extensivo a militares “en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO)”, una fórmula que incluye los casos en que las Fuerzas Armadas son accionadas para reprimir manifestaciones o atender situaciones de violencia que no llegan a ser controladas por los cuerpos policiales.
El indulto es general, se aplica también a presos con alguna enfermedad terminal, y no contempla casos individualizados. Para su aplicación, los abogados de cada uno de los posibles beneficiarios deberán acudir a los tribunales, que tendrán la última palabra sobre el asunto en función de cada caso.
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REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS PERO MÁS MUERTES A MANOS DE POLICÍAS
La medida ha sido anunciada en momentos en que el Gobierno del líder de la ultraderecha, que cumplirá un año en el poder el próximo 1 de enero, celebra una fuerte reducción del número de homicidios, creciente desde hace más de una década en un país marcado por unas elevadas tasas de violencia.
Según datos oficiales, en el primer semestre de este año hubo un total de 13.142 homicidios en el país, lo que representa una caída del 21,2 % respecto al mismo período de 2018, cuando habían sido 16.670.
Sin embargo, esa innegable mejoría coincidió con un aumento de las muertes a manos de los diversos cuerpos policiales, que los organismos de derechos humanos han coincidido siempre en situar entre los más letales del mundo, sobre todo en los casos de Sao Paulo y Río de Janeiro, dos de las ciudades más violentas de Brasil.
En Río de Janeiro, la tasa de homicidios cayó un 22,6 % durante los primeros seis meses de 2019, pero al mismo tiempo aumentó el número de personas muertas en operaciones policiales, en su mayoría en las empobrecidas favelas, que representaron un 30 % del total de 2.083 vidas perdidas por la violencia en ese período.
“BANDIDO BUENO ES BANDIDO MUERTO”
Esa frase ha sido repetida durante toda su vida política por Bolsonaro, un capitán de la reserva del Ejército y defensor de las dictaduras militares que imperaron en las décadas de 1970 y 1980 en América Latina.
La repitió incluso en su campaña electoral y, ya como presidente de Brasil, dijo en más de una ocasión que el policía que “mate a 10 ó 15 bandidos” en ejercicio de sus funciones no debe ser investigado y mucho menos condenado, sino “condecorado” por el Estado.
El mandatario intentó convertir ese pensamiento en ley e incluyó en un proyecto de seguridad remitido este año al Parlamento un amplio amparo legal para los policías que maten en operaciones oficiales, en términos muy similares al indulto oficializado este martes.
Sin embargo, no convenció a la mayoría de los legisladores, que finalmente eliminaron ese punto de la propuesta del Gobierno, que había sido condenada en duros términos por diversas organizaciones de la sociedad civil.
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ALERTA ENTRE LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos han alertado durante este año sobre ese endurecimiento de las políticas de seguridad durante la gestión de Bolsonaro, a quien han acusado de alentar la violencia contra los más pobres, los pueblos indígenas y los homosexuales con su agresiva retórica.
Uno de los informes más contundentes en ese sentido fue publicado hace poco más de un mes por expertos de Human Rights Watch (HRW) que recopilaron información en casi todo el país.
“Bolsonaro ha subestimado los derechos humanos” en casi todos los frentes y, entre ellos, en el área de seguridad pública, declaró al presentar el estudio el presidente de HRW, Kenneth Roth.
De acuerdo con el informe, el inflamado discurso de Bolsonaro puede incentivar delitos como la tortura, en el que muchas veces se ven implicados agentes de las propias fuerzas de seguridad.
“Esa luz verde para el uso excesivo de fuerza letal es un desastre para la seguridad pública y para los propios policías”, aseguró HRW.
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