El informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre el tema Venezuela recomienda al estado venezolano que disuelva el Comando de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana y deje en libertad a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad “de manera inmediata”.
Una traducción no oficial del documento, distribuida por la Oficina de la Alta Comisionada a través de su página web y sus cuentas oficiales en redes sociales, también pide que el Estado venezolano “adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves, como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales”.
El gobierno de Nicolás Maduro ha sido severamente criticado en los últimos días por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, ocurrida en custodia de funcionarios de la División de Contrainteligencia Militar. En el caso, abogados defensores de derechos humanos y familiares de Acosta han denunciado que el oficial sufrió torturas antes de ser presentado en tribunales militares.
El informe también pide que se realicen investigaciones efectivas, independientes e imparciales de las violaciones a los derechos humanos en el país, se detenga la represión y persecución de personas por motivos políticos y se garantice el derecho a la protesta pacífica, sin uso de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad.
El último punto ha cobrado fuerza luego de que un adolescente de 16 años perdiera los dos ojos luego de un ataque por perdigones por parte de efectivos de la Policía del Estado Táchira en una protesta el día primero de julio.
Bachelet también pide la disolución de los grupos armados progubernamentales (colectivos) y la investigación de sus delitos, ante organizaciones que deben ser transparentes e independientes, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.
Acceso a lo básico
La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas también hace un llamamiento al gobierno de Venezuela a que garantice el acceso a servicios esenciales como agua y electricidad, alimentos y programas de salud preventiva, incluyendo salud sexual y reproductiva.
El pasado mes de marzo, cuatro apagones generales dejaron al país sin servicios de agua y electricidad por casi 15 días. Las interrupciones del fluido eléctrico continúan en zonas alejadas de la capital, como Maracaibo (occidente), aunque Caracas se ha visto afectada en los últimos días con cortes de hasta seis horas en algunas urbanizaciones.
El documento también pide que se garantice que todos los programas sociales se implementen “de manera
transparente, no politizada y no discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces e supervisión y rendición de cuentas”.
En el tema de salud, se recomienda aumentar la cobertura de los programas de vacunación para evitar brotes de enfermedades previamente erradicadas, como la difteria, así como priorizar programas de disminución del embarazo adolescente.
Bachelet también pide que se publique regularmente datos exhaustivos sobre salud y nutrición, desglosados por sexo, edad, pertenencia étnica y lugar de residencia, “que puedan utilizarse, entre otros fines, para concebir y aplicar una respuesta humanitaria integral a la crisis”.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitó Venezuela entre el 19 y 21 de junio, presentará su informe este viernes en el Consejo de Derechos Humanos que se celebra en Ginebra, Suiza.
