Varias marchas se presentan en Colombia en este tercer “paro nacional” convocado por los promotores de las protestas que ya completan 14 días.
Esta nueva jornada de paro en contra del Gobierno del presidente Iván Duque, que se presenta este miércoles, fue promovida por las centrales obreras y sindicales, después del fracaso del primer diálogo directo que se llevo adelante el 3 de diciembre con el gobierno.
Los líderes de las marchas pretenden aumentar la presión a través del tercer “paro nacional”. Las protestas iniciaron el pasado 21 de noviembre, cuando reunieron a cientos de miles de colombianos que protestaron contra las políticas económicas y sociales del gobierno de derecha que asumió el poder hace 16 meses.
En una jornada que transcurre pacíficamente, jóvenes, indígenas y sindicatos se movilizan en las principales ciudades del país bajo vigilancia policial y militar. En la mañana la convocatoria parecía haber logrado una tibia adhesión, pero con el paso de las horas empiezan a verse multitudes en las calles.
En Bogotá y Cali, bloqueos viales han afectado los sistemas de transporte público y la movilidad.
En la capital, donde protestan decenas de guardias indígenas llegados de varias zonas, el comercio y las empresas operaban con normalidad. La mayoría de universidades y colegios ya terminaron clases.
“Estoy marchando porque queremos paz en este país, queremos que se cumplan los diálogos y mejores oportunidades para nosotros y para las generaciones que vienen”, dijo la profesora universitaria Azuvia Licón.
La mexicana de 34 años caminaba por el centro de Bogotá exhibiendo su barriga de embarazada de una niña que “va a ser colombiana” y llevaba un cartel en el que exigía el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad), acusado de hacer un uso desmedido de la fuerza desde el 21N.
Entre los variados reclamos, los manifestantes han endurecido la exigencia de dispersión del Esmad luego de que uno de sus agentes disparara una escopeta cargada de perdigones de plomo contra Dilan Cruz, un joven de 18 años que murió el 25 de noviembre por las heridas en su cabeza.
“Estrategias” comerciales
Duque, que enfrenta el mayor desafío popular que haya encarado un gobierno desde los años setenta, había pedido suspender las marchas de este miércoles para mitigar los “efectos económicos” de las protestas, que, según él, alcanzan los 285 millones de dólares en pérdidas.
Las manifestaciones se suceden a diario desde el 21N en Bogotá y otras ciudades, y aunque por lo general han sido pacíficas, han causado al menos cuatro muertos y 500 heridos entre civiles, militares y policías, además de daños millonarios a estructuras pública y privadas en medio de disturbios.
Comerciantes y otros gremios también han mostrado su rechazo a las manifestaciones alegando perjuicios económicos en plena época navideña, donde reportan las mayores ventas del año.
“Estamos implementando unas estrategias que permitan fortalecer el comercio”, dijo José Duarte, secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, epicentro de las protestas desde el 21 de noviembre.
En medio de la agitación social que recorre el continente sin una causa común, los colombianos se volcaron contra Duque, que en respuesta convocó un cuestionado diálogo nacional que incluye a sectores ajenos a las protestas.
El martes, el Comité Nacional del Paro, que reúne a los sectores inconformes, sostuvo la primera reunión exclusiva con delegados gubernamentales. La negociación terminó sin acuerdo y el jueves esperan reencontrarse.
Los promotores presentaron a Duque 13 pedidos que incluyen desde el retiro de una reforma tributaria en trámite en el Congreso, hasta el cumplimiento cabal del acuerdo de paz con la exguerrilla FARC.
Aunque tiene un crecimiento económico por encima del promedio regional, Colombia registra altos índices de desigualdad y desempleo.
La cuarta economía latinoamericana es la nación más desigual entre los 36 socios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Y arrastra un desempleo del 10,4% y una informalidad laboral que afecta a casi el 50% de los trabajadores.
América Digital/AFP
