Alan García, expresidente de Perú, terminó con su vida este miércoles cuando agentes acudieron a su residencia para arrestarlo. Foto: EFE.
La trágica muerte del expresidente peruano Alan García, quien se disparó en la sien cuando iba a ser detenido acusado del delito de lavado de activos, ha sido el último y desesperado acto de un político cuya carrera estuvo marcada por varias maniobras dramáticas.
Acusaciones, huidas, asilos políticos, exilios, juicios, escándalos y persecuciones jalonaron su peripecia política desde que asumió el poder por vez primera en 1985, en una serie de acciones que este miércoles llegaron a su punto final.
Joven y audaz, García asumió la Presidencia de Perú en 1985 cuando solo tenía 36 años y se embarcó en un programa económico de izquierda.
Bajo el apelativo de “Caballo Loco”, García impulsó un proyecto que incluía la negativa a pagar la deuda externa y el intento de nacionalización de la banca.
Mientras el grupo terrorista Sendero Luminoso avanzaba con brutalidad en sus ataques contra el Estado peruano, la inflación en el país llegaba al 7.000 %.
Su popularidad se desplomó y al dejar el cargo en 1990 a su sucesor, Alberto Fujimori, cuya candidatura apoyó en detrimento de la del escritor Mario Vargas Llosa, y dejó un país en quiebra y en plena guerra con el terrorismo.
El 28 de julio de ese año, García entregó su banda presidencial y se marchó sin siquiera escuchar el primer discurso oficial de Fujimori.
Tras su primer período presidencial (1985-1990), García afrontó de forma inmediata investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito.
En 1991 se le retiró el fuero que lo protegía de investigaciones fiscales en su calidad de expresidente y senador, pero le fue restaurado en marzo de 1992 después de que no se encontraran “pruebas suficientes” en su contra.
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En abril de ese año, Fujimori (1990-2000) protagonizó un autogolpe de Estado e inmediatamente varios hombres armados acudieron a la casa de García con la presunta intención de detenerlo.
García huyó por los tejados vecinos y se ocultó durante varias semanas antes de entrar en la embajada de Colombia en Lima, tal como había hecho muchos años antes Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador de su partido, y solicitó asilo político.
El Gobierno de César Gaviria le concedió protección y finalmente obtuvo un salvoconducto que le permitió volar rumbo a Bogotá en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana.
En Colombia, García se defendió de varios intentos de extradición iniciados por la Justicia peruana, controlada y dirigida por Fujimori, lo que habilitó que el gobierno de Bogotá se negara a enviar al político a su país natal.
Vladimiro Montesinos, el “operador” en la sombra del poder de Fujimori, espió y acosó a García, quien finalmente se marchó a Francia para huir de la persecución, donde también fue cuestionado por el capital que usó para fundar una empresa de transportes y vivir en un lujoso departamento en París.
Al caer el fujimorismo en 2001, la Corte Suprema peruana declaró prescritos los delitos por los que era perseguido y pudo regresar al país sin problemas y sin nunca haber respondido por las acusaciones, que incluyeron una interminable investigación por la masacre, en 1986, de cientos de presos acusados de terrorismo en la isla penal de El Frontón, ubicada frente al puerto limeño del Callao.
En 2001 se volvió a postular a la presidencia y fue derrotado por Alejandro Toledo, de cuya gestión fue opositor, y tras un cambio de línea hacia una opción de derecha populista, volvió a ganar la presidencia tras derrotar al exmilitar nacionalista Ollanta Humala en 2006.
Tras un Gobierno con muy buenos indicadores económicos, pero que no estuvo exento de polémicas, entre ellas por la muerte de 10 indígenas y 23 policías en un violento enfrentamiento producido en la ciudad amazónica de Bagua, buscó un tercer período en 2016, pero obtuvo un sonoro fracaso, con apenas un 5 % de los votos, por lo que comenzó a compartir su domicilio entre Madrid y Lima.
A finales de ese año, Marcelo Odebrecht confesó que durante años pagó millones de dólares a altos funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas, entre ellos a jerarcas del gobierno de García.
Poco a poco fueron cayendo figuras vinculadas al presidente, en un círculo cada vez más próximo y estrecho y la fiscalía abrió formalmente una investigación en su contra.
El 17 noviembre de 2018 García volvió a Perú desde Madrid para declarar en el marco de las investigaciones y fue sorprendido cuando el fiscal anunció que sería investigado por colusión agravada y lavado de activos.
Ese mismo día, un juez decretó un impedimento de salida del país durante 18 meses para García, quien el 18 de noviembre ingresó en la residencia del embajador de Uruguay en Lima para pedir asilo a su Gobierno, con el argumentó de que era un “perseguido político”, pero finalmente su solicitud fue rechazada.
Con información de EFE.
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