Administración de Maduro: Informe Bachelet es sesgado y “omite” datos

Tras la publicación del informe de la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, en las que hace 40 recomendaciones al Ejecutivo venezolano entre las que se cuenta la eliminación de las FAES y que los ciudadanos puedan tener acceso a los documentos de identidad como las cédulas y los pasaportes, la administración de Nicolás Maduro hizo un texto con 70 observaciones al dossier emanado el 4 de julio.

A juicio de las autoridades venezolanas, el documento tiene una “visión selectiva y altamente parcializada” de la situación que existe en la nación sudamericana, en especial sobre derechos humanos porque considera que se basaron en fuentes que “carecen de objetividad” y no toman en cuenta casi los datos ofrecidos por Caracas.

También destacó que no se hace mención a los  Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en relación con la situación de Venezuela, incluyendo los resultados de las visitas realizadas al país.

Dijo que más del 80% de las entrevistas realizadas se hicieron a personas que viven fuera de Venezuela, haciendo énfasis en que la oficina de DDHH hizo dos visitas en 2019, una que tuvo una duración de 12 días y la que hizo Bachelet del 19 al 21 de junio. Por eso, criticó que se haya dado preponderancia a los testimonios en el extranjero y no consideró los testimonios que se pudieron recabar en la nación.

*Lea también: Bachelet recomienda disolver las FAES y liberar a todos los presos políticos

Refutando capítulo de salud

Indicó que los comisarios de la ONU pudieron visitar cinco cárceles, tres hospitales, un almacén de distribución de medicinas, dos centros de expendio de comida y un urbanismo de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela..

Además cree que se omitieron los “logros y avances” de la administración de Maduro en materia de DDHH, por lo que dice que el informe “no es objetivo ni imparcial” porque también toma más en cuenta los sectores críticos que la información oficial. Por ende, no está de acuerdo con la metodología usada para elaborarlo.

Otro de los puntos que rechazan es que no se hablan de mecanismos como el carnet de la patria y los subsidios que por ahí devengan los venezolanos, el subsidio del Estado a los servicios públicos, la posibilidad de que la educación sea gratuita entre otras. De igual forma, desconocen que funcionarios gubernamentales hayan reconocido que existe una crisis humanitaria.

“Resulta preocupante la ligereza con que la OACNUDH utiliza el término de “crisis humanitaria” en su informe, sobre todo considerando que no presenta datos o elementos que permitan sustentar objetivamente tal calificación sobre la situación del país”.

Según la óptica del Ejecutivo, sí ha usado los recursos que tiene a su disposición para que los venezolanos gocen de alimentación óptima, diciendo que lo escrito en el informe de la ONU es “erróneo”, al igual que dijo que la OACNUDH constató que en Venezuela hay alimentos suficientes, por lo que negó que haya escasez de los mismos.

Respecto a datos de mortalidad materna y resurgimiento de enfermedades controladas, repudió el Estado venezolano que el informe de la ONU se diga que existan altos índices porque, por lo menos en el caso de la muerte de las madres, se redujo en 13,76 puntos y que además han controlado brotes completamente como el del Zika.

*Lea también: Informe de Bachelet desnuda la violación a derechos básicos de los venezolanos

Expresó que es falso que niños hayan muerto a consecuencia de la crisis, ya que para la actual administración “no hay sustentos técnicos” que respalden la aseveración, al igual que existan personas que fallecieron debido a los cortes de energía que vivió el país en marzo de 2019.

“Esta aseveración resulta errada pues durante el sabotaje eléctrico ocurrido en marzo de 2019 no se registraron pérdidas de vidas humanas que resulten atribuibles a la falta de electricidad. La inmensa mayoría de los hospitales del país disponen de plantas eléctricas de respaldo”.

En ese sentido, aseveró el Estado que respecto a los pacientes que reciben diálisis fueron reubicados para que no dejaran de percibir el tratamiento y se dieron de forma gratuita plantas eléctricas a las instituciones privadas.

Libertad de expresión y persecución

Al tocar el tema de la libertad de expresión, la respuesta desde Caracas fue que se renovaron concesiones radiofónicas, aproximadamente 32 de radio y una de TV, al tiempo que destacó que entre 2018 y 2019 solo se deportaron a tres periodistas que entraron con visa de turista cuando en realidad estaban trabajando.

Destacó que no existe persecución contra la disidencia en el país porque además “omite” la ONU las supuestas acciones de violencia, presuntamente emprendidas por la oposición desde 2002. Junto a esto, dijo que sí se han investigado las violaciones a DDHH en el país al afirmar que existen 44 personas presas por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas entre 2017 y 2019.

“Adicionalmente, existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por este mismo asunto (…) Ministerio Público conoce 72 causas por presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de 174 personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los años 2017 y 2019”.

Dijo ante la denuncia de que existen 22 parlamentarios a los que se les despojó de la inmunidad parlamentaria, no se menciona nada sobre el “magnicidio” contra Nicolás Maduro de agosto 2018 y el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019, en donde se hicieron llamados a la Fuerza Armada Nacional a “ponerse del lado de la Constitución”.

*Lea también: ONU encontró una oposición perseguida, medios callados a la fuerza y uso excesivo de la fuerza

También criticó a la ONU al decir que no se detuvieron a investigar los casos de las personas detenidas por motivos políticos a funcionarios policiales condenados por violación de DDHH, a los procesados por la quema de personas y detenidos por el homicidio de civiles.

Señaló que se han hecho avances en materia penitenciaria y que los mismos fueron reconocidos por la propia Michelle Bachelet. Además de que están apegados a los estándares nacionales e internacionales.

Seguridad

Respecto a la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, dijo que en el país se han reducido los índices de criminalidad, diciendo que la tasa de homicidios en 2018 se cerró con 10.598, lo que se traduce en 33 de cada 100 habitantes.

En el caso de la FAES, Venezuela aseguró que tienen 292 casos donde están implicados 388 funcionarios por el delito de homicidio y que han sido condenados por Venezuela delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio.

*Lea también: Informe Bachelet resalta vulnerabilidad de indígenas y migrantes en Venezuela

Criticó además que existen cifras erradas en el tema de migración, diciendo que la misma es “exagerada” y que además, respecto al tema del pasaporte y las cédulas, explicó que existen 196 funcionarios del Saime que sin investigados y 34 condenados.

Negó tajantemente la presencia de grupos irregulares extranjeros en Venezuela y la violación a los DDHH a los pueblos indígenas.