Las autoridades de Estados Unidos ejecutaron a una mujer que había asesinado a una embarazada para robarle el feto, siendo la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años y uno de los últimos actos de la presidencia de Donald Trump.
“Lisa Montgomery, 52 años, fue ejecutada en la penitenciaría federal de Terre Haute”, en el estado de medio oeste de Indiana, a las 01H31 (06H31 GMT), anunció el Departamento de Justicia.
De acuerdo con las autoridades, Montgomery recibió una inyección letal “de acuerdo con la pena capital recomendada por unanimidad por un jurado federal e impuesta por la Corte del Distrito de Estados Unidos” de Misuri.
Poco antes, la Corte Suprema había rechazado los últimos recursos presentados por los abogados de la mujer, a pesar del desacuerdo de sus tres magistrados progresistas.
Según ellos, su clienta padece trastornos mentales graves, consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que sufrió cuando era niña y no comprendía el sentido de su condena, una condición indispensable para que sea ejecutada.
Un juez federal había ordenado el lunes suspender la ejecución a petición de la defensa, pero el Ministerio de Justicia apeló esa decisión del magistrado y un tribunal de apelación anuló el fallo este martes.
La Corte Suprema de Estados Unidos, ante la que se habían presentado dos recursos distintos, dio razón en ambos casos a los abogados del gobierno de Trump.
El expediente de las autoridades revela que Montgomery fue condenada en 2007 por matar a una mujer de 23 años que estaba embarazada de ocho meses y extraerle el bebé, que luego fue recuperado sano y salvo por las autoridades.
Esta mujer era incapaz de tener un nuevo hijo y por eso identificó a su víctima –una criadora de perros– en internet y acudió a su domicilio en Misuri con la excusa de comprarle un perro de la raza terrier.
Montgomery mató Bobbie Jo Stinnett utilizando una cuerda para estrangularla y posteriormente sacarle el bebé con un cuchillo de cocina. Además, se llevó a la niña e intentó hacerla pasar como su hija.
En ese sentido, la mujer fue ejecutada con una inyección letal en el complejo penitenciario de Terre Haute, después de que el Tribunal Supremo levantase la suspensión que tan solo unas horas antes había ordenado una corte federal.
Ver más: Corte Suprema de EE.UU. autoriza las primeras ejecuciones federales en 17 años
Su muerte, de la que fue testigo un grupo de periodistas desde una sala contigua, se certificó pasada la 1:30 de la madrugada, hora local, según algunos medios que recogen el relato del proceso.
Montgomery renunció a su derecho a pronunciar unas últimas palabras. Se limitó a responder “no” cuando uno de sus verdugos le descubrió el rostro y le preguntó si quería decir algo.
“Nuestra Constitución prohíbe la ejecución de una persona que no pueda comprender racionalmente esa ejecución” (…). La administración actual lo sabe. Y la mataron de todos modos”, denunció su abogada Kelley Henry en una declaración difundida por la prensa.
En ese sentido, esta es la primera vez en casi siete décadas en que el gobierno de Estados Unidos ejecuta a una reclusa.
Desde la reanudación en julio de las ejecuciones a nivel federal en Estados Unidos, tras 17 años de pausa, se ha aplicado la pena capital a 10 hombres.
Y, además de Montgomery, la administración Trump prevé ejecutar a dos afroestadounidenses esta semana: Corey Johnson y Dustin Higgs.
Sin embargo, en estos casos también hay incertidumbre tras la decisión de un tribunal federal de bloquear sus ejecuciones. Los dos condenados a muerte contrajeron hace poco COVID-19 y la inyección letal podría causarles un sufrimiento ilegal, consideraron los jueces.
Exguardias de la penitenciaría de Terre Haute, por su parte, han escrito al secretario de Justicia en funciones, Jeffrey Rosen, para pedirle que posponga estas ejecuciones “hasta que el personal penitenciario esté vacunado contra el COVID-19”.
Una ejecución requiere que decenas de personas permanezcan en un entorno cerrado, ambiente propicio para la propagación del virus. Por esta razón, los estados han suspendido las ejecuciones durante meses.
El gobierno de Trump ha hecho todo lo contrario y se ha mostrado partidario de proceder con las ejecuciones lo más rápido posible antes de dejar el poder.
“En las últimas horas de la presidencia de Trump, hay una carrera por ejecutar a personas que han estado en el corredor de la muerte durante años o incluso décadas. Es una locura”, denunció el senador demócrata Dick Durbin, quien anunció la presentación de un proyecto de ley para detener de nuevo las ejecuciones federales.
Después de que los demócratas retomaran el control del Senado, es posible que ese texto se adopte tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, que se opone a la pena capital.
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