El derecho al aborto en EE.UU. se dirime en una Corte Suprema dividida

La Corte Suprema de Estados Unidos se sumergió el miércoles por primera vez desde su recomposición por el presidente Donald Trump en el altamente sensible tema del derecho al aborto, mostrando divisiones que apuntan a una decisión muy ajustada.

El máximo tribunal examina una ley de Louisiana que, según sus detractores, busca restringir el acceso al aborto con el cierre de tres clínicas en ese estado conservador del sur.

La ley, aprobada en 2014, es muy similar a una de Texas que el máximo tribunal revocó en 2016 por considerarla demasiado restrictiva.

Obliga a los médicos que practican abortos a hacerlo únicamente en clínicas que estén ubicadas a menos de 50 kilómetros de un hospital. Y además, a que los médicos que lo hagan cuenten con autorización para usar los quirófanos de ese hospital.

Obtener estas autorizaciones es complejo y, si la corte avala esta ley, solo una clínica y un médico podrán continuar practicando abortos en Louisiana.

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Desde 2016 “nada ha cambiado que justifique una vuelta legal”, declaró Julie Rikelman, quien representa a los demandantes, instando a la Corte a que respete su jurisprudencia.

Pero desde ese año, el presidente republicano hizo inclinar la balanza del tribunal hacia el lado conservador al nombrar a dos magistrados (de un total de nueve) con posturas tradicionales.

Uno de ellos, Brett Kavanaugh, reemplazó a un juez conservador moderado que, en temas de aborto, votó junto a los cuatro miembros progresistas del tribunal. El miércoles se mostró cauto, cuestionando solo la posibilidad de que “los hechos sean diferentes de un estado a otro”.

En sus conclusiones, Rikelman se dirigió a él directamente, así como al presidente de la Corte, John Roberts. A pesar de sus puntos de vista conservadores, este magistrado suele apegarse al respeto de las decisiones tomadas por el tribunal y podría apoyar a sus colegas progresistas.

En la audiencia, Roberts preguntó a las partes sobre “las diferencias” entre los casos de Texas y Louisiana que “podrían llevar a conclusiones diferentes de un Estado a otro”, sin indicar qué camino tenía la intención de seguir.

– “Principio del fin” –

Si la Corte anula la decisión de 2016, podría significar que también está dispuesta a revertir el histórico fallo del caso Roe vs. Wade de 1973, en el que reconoció el derecho de todas las estadounidenses a abortar.

Ello “podría marcar el principio del fin para ‘Roe'”, dijo Kelley Robinson, una de las responsables de la poderosa organización Planned Parenthood. Para ella, “el acceso al aborto pende de un hilo” en Estados Unidos.

Los opositores al aborto, que han multiplicado las leyes restrictivas en el sur y el centro del país, más religioso y conservador, se han organizado para hacer presión.

“Estamos avanzando con esperanza en nuestros corazones y con confianza en la Corte”, dijo la presidenta de United for Life, Catherine Glenn Foster.

Este miércoles, cada bando convocó a sus simpatizantes ante la Corte Suprema. Venido de Cincinnati, Dennis McKirahan, de 75 años, hacía sonar las “trompetas de Dios”. “Tenemos que dejar de matar bebés”, exclamó.

A algunos metros de distancia, cientos de defensores del derecho a abortar han recibido el apoyo de congresistas demócratas como los senadores Chuck Schumer o Richard Blumenthal, que manifestó su preocupación ante “el peligro” que lo amenaza.

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– “Una locura” –

El Tribunal debe tomar su decisión en junio, unos meses antes de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

En el caso actual, la administración Trump respalda la ley de Louisiana.

Su objetivo es “proteger a las mujeres” y asegurar “la continuación de los cuidados”, dijo la legisladora estatal Elizabeth Murrill, sobre quien cayó un aluvión de objeciones por parte de los jueces progresistas.

Las complicaciones son extremadamente raras, señaló la conocida defensora de los derechos de las mujeres Ruth Bader Ginsburg, mientras que Elena Kagan enfatizó la dificultad de obtener los permisos solicitados: “Algunos hospitales no quieren ser asociados con médicos que realizan abortos”.

Louisiana y el gobierno de Trump también han argumentado que los médicos y las clínicas tienen intereses propios y no se les debe permitir acudir ante la justicia para reclamar el derecho a abortar, posibilidad que debe estar restringida a las pacientes.

El juez conservador Samuel Alito les dio la razón al hablar de un “conflicto de intereses”.

“Estoy muy preocupada” en este punto, explicó a la AFP la ginecóloga Nisha Verma. “Pedir a las mujeres que intentan acceder a un aborto ir a la corte es una locura”.

América Digital/AFP