Estados Unidos y el mundo se estremeció el 11 de septiembre de 2001 por cuenta de unos atentados en Nueva York que alteraron el orden mundial.
Se cumplen 23 años del momento en que el inmenso nubarrón de polvo tóxico se expandió por todo el World Trade Center mientras millones de personas veían con gran incertidumbre lo que estaba pasando luego de que dos aviones se estrellaran contra las Torres Gemelas.
De esta forma, miles de personas no solo sobrevivieron a estos ataques sino que con el paso de los años han tenido que enfrentar el legado que les ha dejado en su salud la nube tóxica a la que estuvieron expuestos durante varias semanas.
Los expertos han estimado que unas 400.000 personas, entre los que se encuentran los rescatistas y bomberos, estuvieron expuestas a sustancias químicas como el asbesto, plomo, monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y otras partículas generadas por los incendios provocados por los más de 24.000 galones de combustible de los aviones.
Ya hace una década, en 2011, un estudio publicado por The Lancet daba cuenta del aumento de riesgo de padecer cáncer en personas que se vieron afectadas por la explosión en el lamentable hecho. Además, un censo de WTC Health Program, habló de unos 10.000 casos de personas con cáncer.
Este hecho ha dejado un legado en miles de personas que han tenido que enfrentar enfermedades como el cáncer, tiroides, problemas respiratorios, estrés postraumático y demencia derivados de estos atentados.
Un ejemplo de esto lo vivió Lucelly Gil, una colombiana que acudió el 15 de septiembre de 2001 al nubarrón de polvo para ayudar con los trabajos de recolección de escombros permaneciendo en la zona hasta 12 horas al día durante seis meses.
Esta mujer tuvo cáncer de mama, uno de los más frecuentes en las mujeres que estuvieron en el sitio de los atentados.
Durante ocho meses tras los atentados, decenas de miles de personas -muchos de ellos inmigrantes- limpiaron la “Zona Cero” donde se erguía el World Trade Center, vaciaron y demolieron otros edificios dañados, y retiraron 1,8 millones de toneladas de escombros del área a cambio de unos 7,5 a 10 dólares la hora, un salario apenas superior al mínimo en la época.
La colombiana aseguró que tras trabajar tantas horas, a veces hallando restos humanos, “me iba para casa y pensaba que estaba todavía limpiando. Casi me enloquezco”.
A pesar de su labor en estos atentados, esta mujer aún sueña con convertirse en residente legal de Estados Unidos como retribución por ese empleo que la dejó incapacitada para trabajar de por vida.
Muchos migrantes que estuvieron expuestos a esta nube tóxica sienten que han quedado en el olvido y a pesar de la labor que desempeñaron no han recibido una ayuda para superar su condición, no solo legal sino también de las consecuencias de salud que han tenido que enfrentar.
“Que la gente que limpió no tenga papeles es una injusticia porque perdió lo más preciado, que es la salud. Ahí no hay plata que valga (…) La salud no tiene precio”, aseguró Rubiela Arias, otra limpiadora colombiana de la Zona Cero..
Esta mujer viene luchando desde hace años por la legalización de los hispanos que limpiaron “el cementerio gigante” de la Zona Cero; padece desde entonces varias enfermedades respiratorias y estomacales, además de estrés postraumático, entre otras dolencias mentales.
Precisamente, el Fondo Federal de Indemnización a las Víctimas ha revelado que más de 2.000 limpiadores, rescatistas y policías murieron debido a enfermedades vinculadas al 11 de septiembre.
La profesora de la Universidad de Columbia, Rosa Bramble, resaltó que muchos de los trabajadores latinos indocumentados fueron deportados en los últimos años a pesar de estar enfermos, por lo que muchos no podían trabajar y regresaron a sus países a morir.
Sin embargo, la mayoría de los limpiadores del 9/11 goza de una completa cobertura médica a través del programa de salud federal del World Trade Center, pero muchos no han recibido indemnizaciones.
Algunos trabajadores que demandaron a la ciudad de Nueva York y a las compañías que los empleaban consiguieron ser indemnizados. Además, el Congreso aprobó en 2011 el pago de indemnizaciones federales, con un máximo de 250.000 dólares para un cáncer vinculado al los atentados del 11 de septiembre.
De hecho, Lucelly Gil recibió 40.000 dólares en 2018, pero sin poder trabajar, el dinero se le fue acabando cuando pagó las deudas y el alquiler de la vivienda que estaba atrasado.
De esta forma, miles de personas aún viven con el legado de salud que les dejó el 11 de septiembre, enfrentando enfermedades derivadas de la tragedia que conmocionó al mundo hace 23 años.
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