Fiscalía española pide 8 años de cárcel para Shakira tras acusarla por varios delitos de fraude

La cantante Shakira no está pasando por un buen momento en su vida ya que a su separación con Gerard Piqué se le ha sumado un proceso por fraude fiscal en España por el que tendrá que ir a juicio.

La Fiscalía de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23.8 millones de euros para la colombiana tras acusarla de seis delitos contra la Hacienda por supuestamente defraudar 14.5 millones de dólares entre 2012 y 2014.

De esta forma, el ministerio público presentó un escrito de acusación ante la justicia luego de que la artista rechazara un acuerdo con la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio. Sin embargo, la colombiana aún podría pactar un acuerdo hasta el momento de sentarse en el banquillo.

La cantante ha asegurado que ya pagó los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y los intereses, por lo que esto le habría reducido el monto de la posible condena ya que cada delito por el que ha sido acusada le podría representar seis años de cárcel.

Lo cierto es que, como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y la artista no tiene antecedentes, Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar ir a prisión en caso de una eventual condena.

La Audiencia de la ciudad catalana confirmó hace unas semanas que hay suficientes indicios para juzgarla por varios delitos tributarios, entre los que se destaca el hecho de que la artista habría escondido parte de su renta en paraísos fiscales para evitar el pago de los impuestos.

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Las autoridades consideran que la cantante residía de “manera habitual” entre los años 2012 y 2014, primero en Barcelona y después en una vivienda de la localidad de Esplugues de Llobregat que compró a través de una sociedad con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

La acusación establece que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en este país y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial” a través de la renta a personas y un impuesto al patrimonio.

De esta forma, el ente acusador aseguró que el plan de la artista consistía en que sus empresas figuraran formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo aparecía “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, el informe reseña que Shakira habría sido asesorada en los años 2008, 2012 y 2013 para llegar a unos acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo (Tax Ruling) “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años.

La Fiscalía española considera que estas actuaciones llevaron a que la artista tuviera una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

En ese sentido, los fiscales creen que los últimos acuerdos de Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España pero no puso en conocimiento de las autoridades tributarias estos pactos provocando unos delitos de fraude fiscal en el país.

Finalmente, los abogados de la cantante han venido adelantando conversaciones y aseguraron que Shakira vendría enfrentando una “persecución” de Hacienda y una “intransigencia” de la Fiscalía durante todo el proceso.

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