La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó el pasado 4 de agosto la detención domiciliaria del Ex-Presidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos.
El caso comenzó en 2012, cuando el ex jefe de Estado demandó al senador Cepeda, y luego el proceso cambió de orientación abriéndole una investigación al demandante por la supuesta manipulación de testigo. Sin embargo, Uribe Velez renunció a su curul en el senado, con la intención de que su caso pase a ser atendido por las cortes ordinarias.
Miguel Andrés Fierro Pinto, abogado y analista político, explicó todo lo relacionado con la renuncia de Uribe al senado, en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Álvaro Uribe tiene un juicio penal, en el cual la Corte Suprema de Justicia es el juez competente para investigarlo y procesarlo en su condición de Senador de la República. Sin embargo, esta alta corte tiene una guerra con el Ex-Presidente Uribe desde hace varios años y en el marco de este proceso no le ha ofrecido ningún tipo de garantía procesal. En el marco del proceso legal, a Uribe se le han violado todas las garantías fundamentales que tiene toda persona”, dijo el analista.
Se entiende que si Álvaro Uribe deja de ser Senador, la Corte Suprema no podría seguir adelante con el juicio, por lo que el caso pasaría a los tribunales ordinarios.
“Esa hipótesis lleva a tres caminos, porque esta renuncia ha abierto un fuerte debate en el país. En Colombia se han procesado a Senadores de la República por presuntamente promover a grupos armados, tales como paramilitares. Algunos vieron un caso semejante y los mismos magistrados que investigaban, también condenaban. Esa fue una de las lagunas que dejó nuestro ordenamiento constitucional de 1991. En ese momento los Senadores renunciaron a su curul y el caso pasó a la Fiscalía General de la Nación. En ese momento la Corte Suprema de Justicia creó una nueva doctrina que indica que el acto de estos senadores había sido en el ejercicio de su cargo y retuvo los casos. En este sentido, existe el gran temor que se aplique la misma práctica con el caso de Álvaro Uribe Velez, recordemos que es un caso influenciado por personas de extrema izquierda como Iván Cepeda, Gustavo Petro. El otro camino que queda es que la Fiscalía General de la Nación tome competencia del caso. El tercer escenario, es que al renunciar a su curul recupera su fuero de Ex-Presidente y la investigación debe ser en el Congreso de la República”, expuso Fierro Pinto.
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Los detractores de Uribe Velez alegan que es una muestra de la independencia de poderes. Los afectos al Ex-Presidente consideran que es una suerte de venganza política.
“Los delitos que se están imputando corresponden a la instrucción de la justicia y la manipulación o compra de testigos de cauce procesal. Esto se produce en el marcó de que Álvaro Uribe denunció a un Senador de la República de extrema izquierda como Iván Cepeda, por acudir a las prisiones de Colombia y Estados Unidos para sobornar a los paramilitares, con el objetivo de que declararan en contra de Uribe. La corte archivó esa investigación y abrió una nueva contra el Ex-Presidente. Es decir, de demandante pasó a demandado. Son ocho garantías procesales las que se le han violado a Uribe y que lo obligan a renunciar a su curul. Lo que está en el fondo político es una venganza criminal. Álvaro Uribe no ha perdido una elección. Lo que no ha logrado la izquierda en América Latina por medio de las urnas, la guerra o atentados, lo quieren lograr manipulando la justicia”, destacó el especialista.
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