Este jueves el Gobierno interino de Jeanine Áñez en Bolivia resolvió derogar el decreto 4231 y “sus anteriores disposiciones”, luego de que el 13 de mayo la Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortara a las autoridades a “modificar” dicha legislación.
En resumen, el organismo internacional aseguró que era “excesiva” una respuesta penal como medio para “combatir la desinformación” en el contexto del COVID-19.
En una entrevista para el programa Día a Día, conducido por César Miguel Rondón, el politólogo boliviano Marcelo Arequipa, explicó los detalles de lo ocurrido en la nación sudamericana.
En principio, el experto resaltó que es algo inusual el hecho de que un gobernante reconozca sus errores en el mundo político; pues suele interpretarse “como un síntoma de debilidad”.
Sin embargo, Arequipa sostuvo que ya había un clima poco favorable en Bolivia. Esto, a raíz de las limitaciones que se les había impuesto a la prensa.
Según explicó, más allá de lo dicho por la ONU, días atrás también se había publicado un manifiesto firmado por alrededor de 50 periodistas locales. En el que se estableció una postura conjunta en contra de la resolución.
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Concretamente, lo que exponía el Decreto Supremo 4231 fechado del 7 de mayo, era el castigo con el Código Penal a quienes “difundieran información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento, que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población”.
Marcelo Arequipa señaló que tras ser levantadas estas “medidas punitivas”, lo que queda para regular el ejercicio de la presa en el país es la Ley de Imprenta. Una normativa que, a su juicio, protege muy bien a los trabajadores del sector.
“De tal forma que podemos decir que la salud democrática hoy, es un poco mejor en nuestro caso”, fue lo que concluyó el especialista.
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