Argentina amaneció revolucionada políticamente este miércoles. Varios medios de comunicación reseñan “un golpe de estado parlamentario”, pero queda la duda de los que sucedió realmente en el parlamento argentino.
El oficialismo evitó que 90 diputados de Juntos por el Cambio dieran presente en el Congreso, y prorrogó de manera ilegal las sesiones por videoconferencia, que como ya se ha visto, le trajo enormes facilidades al oficialismo para minimizar la acción de la oposición.
Este 1 de septiembre el parlamento debía votar sobre un proyecto de asistencia al turismo, y por el contrario la sesión terminando aprobando la prórroga de la modalidad virtual de las sesiones parlamentarias.
El analista político, Nicolás Bertoni, abordó el tema en el programa En Conexión, conducido por César Miguel Rondón.
“Ha sido una jornada que a los especialista nos ha mantenido hasta largas horas de la noche. Luego de las ocho horas de labor en el parlamento, los diputados estuvieron otras cinco horas de discusión en el recinto para luego entrar en el tema de las layes que se aprobaron en el Congreso. Hubo una diferencia en la interpretación del reglamento. En primer lugar había un reglamento especial, en el cual se estaban haciendo las sesiones por videoconferencias y ese reglamento tenía caducidad. Para ser renovado necesitaba el consenso de todos los bloques. Sin embargo, el reglamento solo describía la palabra ‘consenso’, que se entiende como mayoría. En este sentido, el único bloque que no aceptó seguir de manera virtual fue Juntos por el Cambio. Esto tiene que ver con una estrategia política de la coalición liderada para entonces por el ex-Presidente Mauricio Macri, que indican que es necesario dar las discusiones en el recinto para impedir algunos abusos por parte del oficialismo, que en estos momentos ostenta la mayoría”, dijo el analista.
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En el fondo, esto nos remite al conflicto que tiene que con la reforma judicial que quiere llevar a cabo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
“Dentro de los temas que supuestamente se iban a tratar era el ordenamiento de la justicia de lo que hace la materia federal y que se refiere a los delitos penales. Dentro de estos delitos está el narcotráfico, la trata y la corrupción. Esa reforma que se impulsó desde el presidente pasó por el Senado la semana pasada y ahora necesitaba la aprobación del parlamento. La reforma lo que hace es ampliar la cantidad de juzgados y dotarlo de mayor cantidad de personal, con miras de agilizar la justicia. Esta reforma puede caer bien en la opinión pública, pero el 75% también coincide en que el gobierno no explicó para qué quiere aplicar la reforma. La oposición ha interpretado que la reforma podría ser un andamiaje por el cual la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, podría valerse para salir librada de los juicios que tiene pendiente”, explicó Bertoni.
América Digital
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