César Miguel Rondón conversa con Juan Manuel Raffalli para En Conexión.
Este martes 28 de julio, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, emitió un decreto en el que se establece un cronograma para la compra de productos y bienes esenciales en todo el territorio regional según el terminal de cédula de cada ciudadano.
En entrevista con César Miguel Rondón para En Conexión, Juan Manuel Raffalli, abogado especialista en Derecho Constitucional, explicó las razones por las que esta medida roza en la ilegalidad.
“Lo primero que hay que entender es que los gobernadores pueden decretar Estados de Excepción en su territorio si se toman las previsiones de la ley y si hay motivos que lo justifiquen. Sin embargo, lo que se está viviendo aquí es una situación que afecta a todo el país”.
De acuerdo con Raffalli, el decreto emitido por el líder regional del régimen “genera limitaciones y restricciones”. No solo para los consumidores, sino también para los comerciantes.
“El problema está en que Héctor Rodríguez no tiene competencias para dictar un decreto en esta materia porque está reservada al Poder Público nacional”, sostuvo.
A juicio del especialista, la medida genera “un cuadro de angustia y hasta de rebeldía” en los ciudadanos.
“Me da la impresión de que detrás de todo esto, está el hecho de que las cifras de coronavirus son mayores a las que se revelan. Pareciera que esta es una medida desesperada para que la gente no salga de su casa, cuando lo que creo es que va a lograr todo lo contrario”.
El decreto, agregó Raffalli, contiene una “pésima técnica legislativa”, por lo que consideró que puede haber problemas en su ejecución. “Puede ocurrir que vecinos de Miranda vayan a Libertador a comprar y se genera congestión”.
El abogado recordó que el Estado de Alarma “es nacional y no regional”.
“Después del Estado de Excepción por alarma, aquí se creó una comisión que debería ser la que conduzca todas estas políticas y que coordinadamente instruya con las alcaldías y gobernaciones las medidas y sus límites. Ahora, en la medida que cada gobernador, alcalde, policía, pueda hacer lo que le dé la gana, esto irá por muy mal camino”.
El experto consideró que es una contradicción que se le impida a los ciudadanos acceder a bienes esenciales mientras en el país sigue “con una elección en curso supuestamente”.
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