Complicidad financiera develan los archivos Fincen

Los datos proceden de los archivos FinCEN, obtenidos originalmente por BuzzFeed News, que muestran cómo los “boligarcas”, nombre con el que se conoce a empresarios cercanos a la revolución bolivariana, movieron “vastas sumas de dólares de dinero público fuera de Venezuela”.

Pero ¿cuáles eran los objetivos que debían cumplirse con las partidas presupuestarias que se convirtieron en millones en las manos de sus ejecutantes y no en las obras que esperaban los ciudadanos?

Muchos de los objetivos apuntaban  a programas públicos de vivienda, miles de ellas,  para las clases más humildes de Venezuela y otros servicios básicos.

En el caso de las viviendas, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, mucho del dinero, 116 millones  de dólares destinados a programas del Estado para construcción de viviendas populares, Misión Vivienda, terminó en manos de Alejandro Ceballos Jiménez, quien conectado con el chavismo, recibió millonarios contratos.

La operación para desviar los fondos, incluyó hacerlo a varios destinatarios, algunas compañías “offshore” y cuentas bancarias de sus familiares. Muchos de los bancos facilitaron la salida del dinero a pesar de las alertas del Departamento del Tesoro de los EE.UU.

También PDVSA y un programa contra la pobreza, llamado Misión Che Guevara, se encontraban entre las agencias estatales que pagaron enormes sumas a las empresas de Ceballos, canalizadas a través de una empresa fantasma en Londres.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió al venezolano, Samark López Bello, como el “líder clave” de Tareck El Aissami, ex vicepresidente de Venezuela, ministro de Petróleo, ministro de Industrias y Producción Nacional, acusado de narcotraficante.  Según el Consorcio de periodistas, López Bello le brindó a El Aissami apoyo financiero y “asistencia material”, según se revela en los Archivos del FinCen. Se trató de movimientos sospechosos de 1.400.000 dólares entre 2013 y  2016 a través de tres entidades financieras estadounidenses.

Según el análisis del consorcio de periodistas, los bancos involucrados en toda la trama de corrupción reportaron en total más de 4.800 millones de dólares entre 2009 y 2017 de transacciones sospechosas que tenían vínculos con Venezuela.

El 70 % de las transacciones con los bancos, involucraban dinero público que se originaba en una partida del Ministerio de Economía o PDVSA.

Los archivos FinCEN incluyen más de 2.100 actividades sospechosas que fueron reportadas por los bancos a una agencia del Departamento del Tesoro de los EE.UU. conocida como “Financial Crimes Enforcement Network” (Red de Control de Delitos Financieros). 

Ahora que se sabe todo, quizás es tarde, pues ya las entidades bancarias hicieron lo que pensaban era su trabajo, mover el dinero, sin verificar que en realidad estaban ayudando a extraer miles de millones de dólares de Venezuela, un estruendoso torrente de dinero que todavía fluye de las arcas públicas venezolanas a las cuentas bancarias privadas de Ginebra, Portugal y  Miami.

Lo peor para todos los venezolanos es que no se puede competir en términos materiales con las cifras y los beneficios obtenidos no sólo por los corruptos sino por las entidades que permitieron la operación. Son de nuevo cifras humanas, no cotizables como estos montos, en las lujosas oficinas de Wall Street. Triste destino el de millones de venezolanos cuyos impuestos podrían haberles facilitado viviendas accesibles y de calidad,o mejoras en materia de salud y transporte,  convertidos ahora cuando menos, en mansiones para los corruptos. Pero es vital recordar que sin el apoyo de la red interna de corrupción de Venezuela y sin el apoyo de los bancos internacionales, esto no habría ocurrido.