En Colombia tres de los más destacados líderes sociales y defensores de los derechos humanos denunciaron que han aumentado las amenazas de muerte y hostigamientos en su contra y sus familias por parte de grupos armados ilegales, motivo por el cual temen ser víctimas de un asesinato.
En este sentido, alertaron del peligro inminente que corren sus vidas en distintas zonas de Colombia.
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Uno de ellos, Leyner Palacios, ganador en 2017 del Premio Global por el Pluralismo por reivindicar los derechos y la lucha de las víctimas del conflicto, explicó que en los últimos días su familia observó que una camioneta con vidrios oscuros y una moto los siguió y vigiló alrededor de su casa.
También, en el convulso departamento del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alertó de que cinco sujetos que vestían “prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares buscaron en su vivienda a la líder indígena nasa Aida Quilcué”.
En febrero de este año, grupos armados emitieron amenazas directas contra Quilcué y el senador indígena Feliciano Valencia por supuestamente ser “guerrilleros y comunistas que están acabando con la riqueza del país”.
Mientras, en la región de los Montes de María, la lideresa Juana Ruiz denunció que un hombre que dijo ser el jefe del Clan del Golfo, grupo armado al margen de la ley, la llamó porque quería “hablar con ella”.
La líder social Ruiz también informó a un periódico nacional que en días pasados “hombres que no son conocidos en la región” habían estado rondando su casa, situación que ha aumentado la preocupación por enfrentarse a un posible asesinato.
La líder forma parte de las Tejedoras de Mampuján, un grupo de mujeres que a través del tejido de tapices tratan de buscar el perdón y sanar el dolor que les dejó el conflicto armado.
Palacios, que perdió a 32 allegados en la matanza del 2 de mayo de 2002 en la localidad de Bojayá, aseguró que está “espantado y preocupado” por el hostigamiento y el peligro que también se cierne sobre su esposa e hijas.
La situación de seguridad del líder social se ha visto “terriblemente empeorada” desde el 3 de enero, cuando hizo una denuncia sobre violaciones de derechos humanos en el municipio de Bojayá, ubicado en el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá.
“Allí empezaron las persecuciones, me sacaron del territorio”, agregó.
Hace tres meses asesinaron a su escolta, Arley Hernán Chalá, un caso “todavía sin esclarecer por parte de la Fiscalía”, agregó el líder chocoano.
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Entonces, le fue asignada una unidad de vigilancia permanente por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), “la cual fue retirada sin ninguna explicación el 14 de marzo” aseveró.
En el último mes, las amenazas contra Palacios han aumentado con la emisión del documental “Bojayá entre fuegos cruzados” en la televisión local de Bogotá, Canal Capital.
Con información de EFE
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