Tras una histórica aprobación en el Congreso, empezará a regir la ley de aborto en Argentina con la promulgación de la norma que contempla la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
De esta forma, el país se convierte en el más grande de América Latina en legalizar el aborto, después de Cuba, Uruguay y Guyana; mientras que en México está permitido en el Estado de Oaxaca y en Ciudad de México.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, impulsor del proyecto, promulgará la norma en un acto en el Museo del Bicentenario en Buenos Aires.
Con esta ley Argentina retoma la vanguardia de conquistas sociales en América Latina ya que en 2010 aprobó el matrimonio igualitario y en 2012 una ley de identidad de género.
Esta ley de aborto contempla que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 14 semana de gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal solo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.
“La norma representa la comprensión por parte del Estado de lo que significa la autonomía reproductiva en la vida de las mujeres”, aseguró María Teresa Bosio, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir.
Ver más: Argentina legaliza el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación
La organización ha liderado durante más de una década la Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Lo cierto es que la movilización de miles de jóvenes y colectivos de mujeres de la llamada ‘marea verde’ fue crucial para que la ley fuera aprobada en el Senado, el cual ya había rechazado un proyecto similar en 2018.
La ley cruzó en forma transversal a las fuerzas políticas y a la sociedad donde también cobró fuerza un movimiento antiaborto respaldado por las iglesias Evangelista y Católica en el país natal del Papa Francisco.
El proyecto
Hasta ahora en Argentina el aborto solo se permitía en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921.
El gobierno calcula que en el país se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, en una nación de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros.
“La aprobación histórica de la ley sirve como inspiración para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al aborto legal y seguro”, indicó Amnistía Internacional.
En ese sentido, la ley otorga a “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar” el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14 de gestación.
A partir de la semana 14 solo se podrá realizar en los dos supuestos contemplados antes de la aprobación de esta ley, como es el riesgo para la salud de la madre o en caso de violación.
El aborto se deberá realizar en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento. Además será gratuito, al igual que las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
“Nuestro trabajo generó una fuerte incidencia en las instituciones para construir una legitimidad sobre el aborto con el apoyo de la juventud que nos dio una masividad que en los inicios del movimiento no teníamos”, destacó Bosio.
Ver más: ¿En qué países de América Latina es legal o está prohibido el aborto?
Sin embargo, la ley también contempla la objeción de conciencia al personal sanitario, quien podrá acogerse a este norma si lo desea y reúne una serie de condiciones.
En ese sentido, el profesional podrá hacer uso de este derecho pero buscar la manera para que la paciente sea atendida por otro profesional en la institución de forma oportuna y sin dilaciones.
“Debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica y cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”, establece el proyecto.
Sin embargo, la ley contempla que el personal médico no podrá negarse a la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Además, tampoco podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
Lo cierto es que la aprobación de esta ley también representa nuevo retos para los movimientos feministas quienes tendrán que enfrentar la férrea oposición de sectores religiosos y conservadores.
“Como católicas creemos que la ley es un reconocimiento a la idea de que la mujer no sólo nace para ser madre y que la sexualidad no tiene que estar atada sólo a la reproducción, sino al placer. Que deje de ser lo oculto para ser un aspecto fundamental de la vida”, afirmó la líder feminista.
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