El Senado de Argentina aprobó la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, por lo que esta decisión histórica convierte al país en uno de los pocos en autorizar esta práctica en América Latina.
La legalización del aborto, un proyecto del presidente de centro-izquierda Alberto Fernández, había recibido el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado 11 de diciembre, y este miércoles obtuvo el voto a favor de 38 senadores, frente a 29 en contra y una abstención, un resultado bastante más holgado de lo previsto.
El proyecto contempla que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 14 semana de gestación. Pasado ese plazo, el aborto será legal sólo en los casos de embarazo por violación o riesgo de vida para la gestante.
“El aborto seguro, legal y gratuito es ley. A ello me comprometí que fuera en los días de campaña electoral. Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política”, manifestó Fernández.
La votación estuvo acompañada por miles de manifestantes que esperaron más de 12 horas a las afueras del Congreso mientras se debatía el proyecto, el cual terminó siendo aprobado en la madrugada
La aprobación de la ley, luego de sucesivos intentos del movimiento feminista para que obtuviera luz verde en el Congreso, fue festejada por una multitud de activistas pro aborto vestidas con prendas verdes, el color que las identifica.
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Por su parte, el llamado sector “celeste” de los que se oponen al aborto, entre ellos los sectores religiosos, contemplaron desolados la decisión tomada por el Senado.
“Después de tantos intentos y años de lucha que nos costaron sangre y vidas hoy por fin hicimos historia. Hoy dejamos un lugar mejor para nuestros hijos y nuestras hijas”, indicó a la AFP Sandra Luján, una psicóloga de 41 años que hizo vigilia con las jóvenes de pañuelo verde, símbolo de la campaña por el aborto.
Con la aprobación del aborto, Argentina, país natal del Papa Francisco, se convierte ahora en el más grande de América Latina en legalizar el aborto, que también está permitido en Uruguay, Cuba y Guyana. En México está permitido en el Estado de Oaxaca y Ciudad de México.
– El proyecto
Hasta ahora en Argentina el aborto sólo se permitía en caso de violación o de riesgo de vida para la mujer, según una legislación de 1921.
El gobierno calcula que en el país se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, en una nación de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros.
“La aprobación histórica de la ley sirve como inspiración para que otros países de la región y el mundo avancen en el reconocimiento del acceso al aborto legal y seguro”, pronosticó Amnistia Internacional.
En paralelo y en la misma sesión, el Congreso aprobó una Ley de los 1.000 días, para acompañar material y sanitariamente a las mujeres de sectores vulnerables que quieran llevar adelante su embarazo de modo que las dificultades económicas no se constituyan en un motivo para abortar.
Argentina aprobó el divorcio en 1987. Luego vino una ley de educación sexual integral (2006), una para el matrimonio igualitario (2010), y una de identidad de género (2012).
¿Qué permite la ley aprobada?
Esta ley otorga a “las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar” el derecho a decidir la interrupción del embarazo y acceder al aborto y la atención posterior en el sistema de salud hasta la semana 14 de gestación.
A partir de la semana 14 solo se podrá realizar en los dos supuestos contemplados antes de la aprobación de esta ley como es el riesgo para la salud de la madre o en caso de violación.
El aborto se deberá realizar en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento. Además será gratuito, al igual que las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
El proyecto también establece que las personas que decidan interrumpir su embarazo tienen derecho a la confidencialidad, y el personal de salud encargado de realizar el aborto debe garantizar este derecho y mantener el secreto médico todo el proceso de atención.
En ese sentido, la ley resalta que el personal médico y de salud debe respetar las decisiones de las pacientes respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento, su futura salud sexual y reproductiva, por lo que no pueden ser objeto de juicios personales y religiosos.
El aborto siempre se realizará con el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito, y nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho.
De esta forma, la ley contempla que la persona se considera con plena capacidad para prestar su consentimiento a partir de los 16 años, mientras que las menores de 13 años deberán presentar su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
Objeción de conciencia y educación sexual
Una de las novedades de esta ley es que ofrece una serie de derechos para las personas gestantes y también para el personal sanitario, que puede acogerse a la objeción de conciencia si lo desea y reúne una serie de condiciones.
En ese sentido, el profesional podrá hacer uso de este derecho pero buscar la manera para que la paciente sea atendida por otro profesional en la institución de forma oportuna y sin dilaciones.
“Debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica y cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas”, establece el proyecto.
Sin embargo, la ley contempla que el personal médico no podrá negarse a la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Además, tampoco podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.
Finalmente, el Senado aprobó una ley de Educación Sexual Integral con la que busca establecer e implementar políticas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
El objetivo es capacitar a los docentes y a los profesionales y demás trabajadores de la salud sobre perspectiva de género y diversidad sexual para brindar una atención y acompañamiento oportuno para las personas que quieran interrumpir el embarazo.
Asimismo, busca que la población prevenga los embarazos no deseados a través del acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces.
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