CARACAS.- La muerte del concejal Fernando Albán, ocurrida bajo extrañas circunstancias que un mes después no se han esclarecido, está rodeada de múltiples porqués. Su esposa e hijos rompieron el silencio y exigen que se esclarezca lo que ocurrió el pasado 8 de octubre en la sede del Sebin en Plaza Venezuela.
En un comunicado enviado a la opinión pública, los familiares del también dirigente de Primero Justicia resumieron sus dudas en seis preguntas:
1.- ¿Por qué el fiscal general (de cuestionada legitimidad) señor, Tarek William Saab, al informar sobre la muerte de Fernando, calificó su muerte, de manera precoz e ilegal, como un suicidio, sin haber realizado investigación de ningún tipo?
2.- ¿Por qué posteriormente se contradijo en cuanto a la forma en que habrían ocurrido los hechos, y sus declaraciones también son contradictorias a las dadas por el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol (en funciones a pesar de haber sido destituido por la Asamblea Nacional por graves violaciones de derechos humanos)?
3.- ¿Por qué el señor Saab mintió diciendo en rueda de prensa que ha entregado a los familiares la autopsia, cuando eso es radicalmente falso?
4.- ¿Por qué no se conoce con certeza quién realizó la autopsia, ni sus credenciales profesionales?
5.- Si supuestamente existe una investigación sobre la muerte, ¿por qué no se ha notificado a algún familiar?
6.- ¿Por qué el mismo señor Saab en vez de verificar una investigación transparente, amenaza a quienes señalen que se cometió un suicidio?
Las respuestas parecieran diluirse en el tiempo. Hasta los momentos, y según las versiones oficiales de lo sucedido, el cuestionado fiscal constituyente admitió que los dos custodios que se encontraban al momento del hecho encargados de Albán, actuaron negligentemente; no obstante, afirma que “eso no los hace responsables de una determinación individual del concejal de suicidarse”, dijo a un medio privado venezolano.
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Pero, de igual forma, están siendo investigados y el Ministerio Público presentó una “solicitud de imputación por el quebrantamiento de las obligaciones de custodia”.
A través del texto, los familiares recordaron que:
“Fernando, y su familia, fue víctima de una cruel persecución desde 2016, obligando a su esposa e hijos a exiliarse en otro país; fue detenido por el solo hecho de haberse reunido con miembros de su partido en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas; incomunicado y desaparecido forzosamente por el Sebin por más de 24 horas; jamás fue presentado ante el tribunal competente y se le mantuvo privado de libertad, aun vencido el lapso que dispone la Constitución; todo ello, en un procedimiento judicial plagado de violaciones, y cuyo fin era que acusara falsamente a Julio Borges del supuesto intento de magnicidio”.
Con todo el derecho, piden que se esclarezca lo ocurrido aquel día, por medio de una investigación independiente, con la presencia de expertos designados por los familiares para determinar si estamos en presencia de una “ejecución extrajudicial”.
Asimismo, solicitan al parlamento venezolano, al Primero Justicia, a la OEA y la ONU que intervengan en el caso, con base en el Protocolo de Minnesota. “Fernando murió bajo la custodia del Estado y su supuesto suicidio se verificó en circunstancias inexplicadas, todo lo cual, encuadra en los específicos supuestos de ‘muerte potencialmente ilícita'”.
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Virginia Hernández
