En su editorial del 28 de julio, César Miguel Rondón destaca que en agosto de 2017, Maduro solicita a la Asamblea Nacional Constituyente Venezolana (ANC), que redacte una ley para regular y sancionar los mensajes de odio social que para Maduro eran los responsables de las protestas que se multiplicaban en el país.
En menos de tres meses estaba hecha a la medida de sus necesidades: Se trata de una mal llamada Ley Constitucional contra el odio, pues ni es constitucional ni fue realizada y votada en el Parlamento Nacional, legítima institución apoyada en el voto popular, sino en la Asamblea Constituyente que fue creada por Maduro y sus cómplices como una fuerza paralela para servir de instrumento “cuasi legal” a la dictadura.
El presentador porsigue y explica que la legislación declara al país como un “territorio de paz, contrario a la guerra y la violencia en todas sus formas”. Establece que el Estado podrá ordenarle a los prestadores de servicios de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, la difusión de mensajes dirigidos a la “promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad”. También determina que el prestador de servicios que difunda mensajes “a favor de la guerra o apología del odio” será sancionado con la revocatoria de la concesión.
Adicionalmente, la norma otorga responsabilidad a las personas jurídicas que administran
redes sociales y medios electrónicos por el cumplimiento de la ley y para evitar la difusión de
mensajes que promuevan “la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico (…) o de cualquier
otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia”.
Lo más insólito es que en ninguna parte de la ley se establece qué es una manifestación de
odio o quién determina que, en efecto, lo es. Al final es determinado de manera discrecional
por la autoridad administrativa, pero fundamentalmente, por los fiscales y los jueces.
Luego, Rondó cita al artículo de Alberto Barrera Tyzka ”Teoría y práctica del odio” publicado por el New York
Times, donde se refiere al caso del politólogo Nicmer Evans, separado del chavismo desde el
2013 y detenido con una orden de aprehensión de un juez que lo acusa de promoción o
incitación al odio, señala.
“Tampoco es una novedad. No se trata de un caso especial, aislado. Es parte de un sistema
que ha instrumentalizado el odio para poder ejercerlo con absoluta impunidad en contra de
cualquier disidencia o crítica”.
Como bien señala, Barrera Tyzka: “Un instrumento legal que, en teoría, pudiera ser un
mecanismo ideal para regular la intolerancia, en la práctica se convierte en lo contrario: en
una forma eficaz para ejercer la violencia del Estado en contra de los ciudadanos”
