Este lunes, el Vaticano anunció una ley inédita destinada a prevenir la corrupción. La medida enmarca los contratos públicos de sus gastos internos para hacer auditoría y garantizar la transparencia. Además, pretenden hacer considerables ahorros en plena crisis financiera debido al coronavirus.
El texto, publicado el lunes, está formado por un centenar de artículos y es el fruto de cuatro años de trabajo.
El papa Francisco, elegido en 2013, llegó para poner orden en las finanzas vaticanas. Una ardua reforma que se ha topado con la oposición en el interior de varios “dicasterios” (ministerios); quienes gestionan sus fondos de manera muy autónoma y poco transparente.
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En ese orden, se trata de un marco para los contratos y los concursos públicos con normas internacionales transparentes. Así buscarían una mejor administración de los recursos. Esta supone una revolución en los entresijos del Vaticano
Un Vaticano transparente y sin corrupción
“La transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos estipulados por cuenta de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano”, es la iniciativa con la que el papa centralizará y planificará mejor los gastos, actualmente muy dispersados. Por lo que los pondrá en manos de dos autoridades administrativas.
En su introducción, el pontífice argentino destaca que la nueva ley permitirá “reducir considerablemente el peligro de la corrupción en el Vaticano”.
Esta legislación “retoma la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, firmado (en 2003) en Mérida. Sustituye las normas precedentes en vigor en la APSA (Administración Patrimonial de la Sede Apostólica) y en la Gobernación de la Ciudad del Vaticano”. Esta ahora se aplica a todos los entes de la Santa Sede, precisa la página web del Vaticano.
La lucha contra la corrupción en el mundo es uno de los principales objetivos del papa Francisco, por eso busca dar ejemplo desde el Vaticano.
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Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal del Vaticano y gran especialista italiano de la lucha contra la mafia, nombrado en octubre por el papa, destaca que la ley también busca realizar “importantes ahorros” gracias a la competitividad entre empresas.
“El tema de la reducción de costos es muy actual e importante en este momento (…). Sobre todo por las graves dificultades económicas para todo el mundo y también para la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano”, señala el magistrado en la web.
Los Museos del Vaticano -una fuente de ingresos que atrae cada año a cerca de siete millones de turistas- reabrieron el lunes. Su cierre, desde el 8 de marzo, ha acentuado los problemas financieros de la Santa Sede.
Un giro de 180°
La aplicación de la nueva ley será controlada por la justicia vaticana, que dispone desde hace poco de una mayor autonomía respecto al papa.
Para el profesor de derecho internacional Vincenzo Buonomo, consejero del Estado del Vaticano, las nuevas normas permitirán zanjar “el problema del despilfarro”.
La nueva ley prevé no autorizar los contratos públicos a las personas que fueron condenadas por pertenecer a organizaciones criminales o por delitos fiscales. Asimismo, los proveedores deberán responder a los principios éticos conforme a la moral de la Iglesia.
La nueva normativa deberá evitar los conflictos de intereses familiares en torno a los colaboradores de la Santa Sede.
En este sentido, “el giro es importante”, señaló el lunes el vaticanista Iacopo Scaramuzzi. Quien también recordó “la costumbre inveterada en el Vaticano” de confiar los contratos externos a parientes o amigos de amigos.
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