La cifra de líderes sociales asesinados en Colombia creció en un 53 % durante el primer cuatrimestre de 2020. En este mismo período, también incrementaron en un 5 % los desplazamientos forzados. Las cifras fueron entregadas en el informe “Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental” de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
De acuerdo con el estudio, 16 líderes fueron asesinados en enero, 11 en febrero, 13 en marzo y nueve en abril para un total de 49 líderes sociales fallecidos en Colombia. Las cifras son cada vez más alarmantes, si se tiene en cuenta que en los primeros cuatro meses de 2019 fueron 32.
La FIP manifestó que los departamentos con el mayo número de líderes asesinados en el primer cuatrimestre de 2020 fueron Cauca, con 14 homicidios; Putumayo, 6; y Antioquia, con 5. Según ha indicado la Fundación, en estas tres regiones aún no se han visto los beneficios del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016.
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Los demás reportes de líderes sociales asesinados fueron perpetrados en Valle del Cauca, 5; Norte de Santander y Huila, 4; Chocó y Córdoba, 3; y Magdalena, Cesar, Bolívar, Santander y Boyacá, 1.
“En cuanto a la autoría, el 67 % de los responsables de los homicidios es aún es desconocido. No obstante, grupos como las disidencias de las FARC y las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) comenzaron a tener una mayor visibilidad en la atribución de las agresiones”, agregó la información.
La violencia contra los líderes sociales no para en tiempos de pandemina
El informe de la FIP señala que durante la emergencia por el coronavirus, que llevó al Gobierno a decretar una cuarentena que comenzó el 25 de marzo, los combates de la fuerza pública contra los grupos criminales “no tuvieron variaciones significativas”.
Sin embargo, resalta que “las acciones de los grupos armados organizados disminuyeron”. Sin embargo, advierte que estas organizaciones criminales “han ordenado restricciones y reforzado el aislamiento, bajo el argumento de que así evitan la propagación del virus”.
“En otros casos, las facciones armadas han incrementado sus acciones contra los líderes sociales y las comunidades”, indicó el estudio. También mencionan que durante la cuarentena hubo una “disminución de los homicidios, con descensos notables, especialmente en abril”.
La FIP también manifestó su preocupación por “el incremento reciente de las muertes violentas en Tumaco y Buenaventura”. Estos son los dos principales puertos de Colombia en el Pacífico.
Crecen los desplazamientos forzados
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó que en los primeros cuatro meses de 2020 crecieron un 5 % los desplazamientos forzados en Colombia. Pasaron de 55 eventos entre enero y abril de 2019, a 58 en este mismo período de 2020.
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“El 57 % de los casos fueron desplazamientos masivos y el 43% del tipo individual”, dice la FIP al citar cifras de la OCHA.
Las situaciones más preocupantes ocurren en Nariño, Putumayo y Antioquia, que concentran casi el 80 % de los desplazamientos.
El medioambiente también violentado
Además del incremento en el número de líderes sociales asesinados en Colombia, también hay preocupación por la impunidad que dejan los actos contra el medioambiente.
El informe señala que “continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos; en algunas zonas, incluso, se han intensificado”.
Pese a que aún no hay cifras concretas sobre deforestación en el primer cuatrimestre, la FIP advierte que ese fenómeno no se ha detenido y afecta territorios de la Amazonía; la Orinoquía; el Chocó; la Sierra Nevada de Santa Marta y el Catatumbo (región fronteriza con Venezuela). “Todos ellos importantes enclaves de biodiversidad”.
“Las autoridades ambientales y organismos de control han manifestado su preocupación. Quienes están talando y tumbando los bosques -actores armados, colonos y acaparadores de tierras, entre otros- están sacando provecho de la emergencia sanitaria”, resalta la Fundación Ideas para la Paz.
En cuanto a los ataques contra la infraestructura petrolera del país, Ecopetrol denunció que hasta el 5 de mayo hubo 25 atentados. Especialmente contra los oleoductos Caño Limón-Coveñas y Bicentenario, en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Boyacá. Todos fronterizos con Venezuela.
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