El embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, manifestó su preocupación porque Uber se haya visto obligada a cesar sus operaciones en el país, al tiempo que animó al Gobierno a propiciar un ambiente regulatorio comercial más transparente.
“Nos preocupa que en un caso una empresa estadounidense se vea obligada a cesar sus operaciones mientras que otros competidores siguen operando aparente con el mismo modelo de negocios”, afirmó el diplomático durante el foro “Perspectivas de las economías de Colombia y Estados Unidos. 2020, el año de las definiciones”.
En ese coloquio, organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americano (Amcham Colombia), Golberg añadió que “miles de trabajadores y consumidores se verán afectados negativamente”.
La plataforma estadounidense dejó de funcionar desde el pasado 1 de febrero a raíz de una sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la que se resolvió una demanda por “competencia desleal” interpuesta por la compañía Cotech S.A, que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis.
Sin embargo, Uber insiste en que “no es una firma de transporte, sino una empresa de tecnología que intermedia entre un socio conductor registrado en la ‘app’ que está dispuesto a prestar un servicio de movilidad y un usuario que requiere llegar de un punto A a un punto B”.
El Ministerio de Transporte, que asegura que los vehículos particulares no pueden prestar un servicio público, anunció que tramitará en el Legislativo una reglamentación “con el fin de que estas plataformas puedan prestar su servicio legalmente en el país”, pero Uber señaló que esa no es una solución viable a corto plazo.
En ese sentido, Goldberg pidió al Gobierno colombiano que implemente un ambiente regulatorio más transparente y un “marco legal comercial”.
“Escuchamos una y otra vez de los inversionistas que la estabilidad judicial es una preocupación clave durante su fase de análisis y que las mejoras en este campo aumentarían exponencialmente su confianza en Colombia como socio económico estratégico”, apostilló.
El viernes pasado, Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, dijo a medios locales que Uber confirmó que va a presentar la demanda al considerar que hubo un trato inequitativo, según lo establecido en el Tratado de Libre Comercio (TLC), vigente entre los dos países
El Estado defiende, sin embargo, que la orden de suspender las operaciones fue adoptada por un juez, en este caso la SIC, y no por el Gobierno, es decir que es una decisión judicial y no política.
