José Ignacio Hernández, procurador especial de la República, designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirma que está en manos de la Asamblea Nacional su futuro en el cargo luego de que decidiera apartarse, tras un desacuerdo político por un fondo para litigios necesario para enfrentarse a Nicolás Maduro en las cortes internacionales.
“Encuentro notables limitaciones para contratar despachos de abogados, mientras los abogados de Maduro parecen no tener esas limitaciones”.
En entrevista con César Miguel Rondón explicó que desde septiembre de 2019 se ha trabajado con un fondo de litigio para atender casos legales en el extranjero, en noviembre se estableció un fondo, pero en enero se presentó el punto ante el Parlamento y dos partidos políticos opositores salvaron el voto.
En razón de ello, y para colaborar en solucionar el conflicto, Hernández asegura que ofreció soluciones y sugerencias, entre las cuales estuvo colocar su cargo a la orden, y hasta los momentos el poder Legislativo no ha dado respuesta firme ante esta decisión.
“No se pueden defender a los activos del país, ni desplazar al régimen de Maduro en cortes internacionales si no hay recursos para contratar a abogados”.
El abogado recordó que en varias ocasiones se ha tenido que enfrentar con los abogados de Maduro en Estados Unidos y “han sido sistemáticamente derrotados”.
