La Justicia argentina revocó este lunes la orden de prisión preventiva que pesaba sobre la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre la nación e Irán, informó a Efe uno de los abogados de la exmandataria.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 resolvió dejar sin efecto la medida en el marco de la causa que investiga el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del ataque a una mutua judía de Buenos Aires en 1994, que dejó 85 muertos y sigue impune, mediante un pacto entre el Ejecutivo de Fernández con el Gobierno del país persa.
El acuerdo -que en Argentina se declaró inconstitucional y en Irán no se llegó a convalidar- pretendía establecer una investigación conjunta del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires, cuya autoría está atribuida al grupo Hizbulá y a exaltos cargos iraníes.
Pese a que dos años atrás el magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de la actual vicepresidenta por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención, esta medida no pudo llevarse a cabo debido a los fueros que Fernández poseía por su puesto de senadora.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció en su apartamento con un disparo en la cabeza, una muerte que aún no ha sido esclarecida y genera gran polémica en el país.
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La investigación por el memorando con Irán también llevó a declarar en julio como testigo al actual presidente argentino, Alberto Fernández, quien asumió el cargo el pasado 10 de diciembre.
Pese a esta revocación, la vicepresidenta todavía afronta diferentes pedidos de prisión preventiva en otros casos en los que se le acusa de presunta corrupción, entre ellos la denominada “causa de los cuadernos” y otras derivaciones de esta investigación.
Precisamente por el caso de los cuadernos se dictó hace unos días la anulación de la prisión preventiva de tres exfuncionarios durante los Gobiernos de Cristina Fernández (2007-2015) que permanecían detenidos por presunta corrupción.
En su discurso de investidura hace dos semanas, Alberto Fernández reivindicó una “Justicia independiente” y reclamó el fin de lo que consideró un sistema judicial que sigue los dictados del “poder”, para lo cual propondrá una reforma del sistema judicial
