La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (OACNUDH) expresó este domingo su preocupación por los episodios de violencia registrados los últimos días en dos cárceles de Honduras, que se saldaron con 36 muertos, e instó al Estado a respetar los derechos de los reclusos.
La OACNUDH indicó que “esta gravemente preocupada por los hechos suscitados los últimos días en diferentes centros penales del país que han dejado como consecuencia luto en varias familias hondureñas”.
Al menos 18 reclusos fallecieron este domingo en una pelea entre bandas rivales en la cárcel del municipio de El Porvenir, departamento central de Francisco Morazán, que se suman a otros 18 presos muertos el viernes en un tiroteo en otra prisión del Caribe del país.
Otros dos presos resultaron heridos de gravedad y permanecen ingresados en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, la capital, que está custodiado por fuerzas del orden.
La ONU señaló que “observa con alarma la violencia dentro de los centros penitenciarios” del país centroamericano, que albergan a unos 22.000 presos, de ellos más de la mitad no han sido condenados.
Instó al Estado de Honduras a “garantizar la vida y respeto de DDHH de los privados de libertad y a proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente” para esclarecer los hechos.
Las dos matanzas en las cárceles es el reflejo de una “escalada” de grupos criminales que buscan evitar que las autoridades tomen control de los presidios, aseguró hoy la Comisión Interventora del sistema penitenciario de Honduras.
“Que estas acciones violentas son una escalada del mundo criminal para tratar de evitar que la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario a través de Fusina (Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional) imponga los controles necesarios en los centros penitenciarios del país”, indicaron autoridades de la junta en un comunicado.
Sin precisar cifras, la Comisión confirmó “la muerte de varias personas privadas de libertad” en el presidio de “mínima seguridad” de El Porvenir, conocida como Siria, y se solidarizó con los familiares de las víctimas.
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Aseguró que las autoridades policiales y militares de “manera inmediata” retomaron “el orden y control” de la cárcel gracias a la “rápida acción” de elementos de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional asignados al penal.
La Comisión Interventora indicó además que ha coordinado con la Dirección Policial de Investigaciones y Medicina Forense del Ministerio Público el levantamiento de los fallecidos, así como “las diligencias investigativas para esclarecer los hechos e identificar a los responsables para deducirles responsabilidad penal en base a ley”.
Reiteró también su compromiso de “corregir las fallas que han generado la problemática en el sistema penitenciario y realizar los correctivos necesarios en el marco de la ley”.
El pasado día 17, el poder Ejecutivo que preside Juan Orlando Hernández declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario y nombró la Comisión Interventora que hasta ahora ha tomado el control de al menos cinco de una treintena de prisiones, que albergan a unos 22.000 reclusos, cuando su capacidad máxima es de 8.000.
Diversos organismos de derechos humanos han denunciado en reiteradas ocasiones la grave situación de los centros penitenciarios del país, aquejados de problemas de infraestructura, superpoblación y un número de presos en detención preventiva que supera al de los condenados.
