El director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, ofreció un balance de lo ocurrido en la mañana del lunes tras la actualización del informe de la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, donde hizo señalamientos positivos y los que considera negativos de la presentación de este documento en Ginebra.
Daniels, quien fue entrevistado por César Miguel Rondón, expresó que dentro de los puntos a favor está la solicitud reiterada al Ejecutivo de Nicolás Maduro para que disuelva la FAES, así como también los “detalles duros” del caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, que deja en evidencia la impunidad existente en Venezuela a la violación de DDHH.
Entretanto, como aspectos negativos mencionó las más recientes comunicaciones entre la oficina de DDHH de la ONU y la administración de Maduro, luego de que dejaran entrar en la cárcel militar de Ramo Verde a un grupo de comisarios de las Naciones Unidas unos días antes de realizar la actualización.
“Esto para mí no es más que la vieja táctica del gobierno de estirar y aflojar de acuerdo a la conveniencia. Esta oportunidad que le da la alta comisionada es una ingenuidad porque pensar que un gobierno que no tiene palabra y no cumple sus obligaciones (…) le da posibilidad de tener un entendimiento con ella”.
En ese sentido, advirtió el hecho de la falta de un documento escrito que oficialice la estadía de los comisarios de la ONU en Venezuela, “lo que daría la oportunidad de que mañana mismo al gobierno, si le parece, pudiera decir a los funcionarios de la alta comisionada en Caracas ‘bueno, hasta aquí llegaron”.
Además, la no mención por parte de Michelle Bachelet de la creación de una comisión para hacer seguimiento a las violaciones de DDHH en Venezuela, Daniels lo consideró negativo porque ese organismo tendría la función de trabajar en paralelo con la oficina de la ONU para recabar elementos probatorios de responsabilidad penal y de responsabilidad de DDHH.
