Orlando Viera-Blanco, representante en Canadá del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, explicó este miércoles que viajó en una misión diplomática a La Haya para “abogar por la justicia universal y la celeridad procesal en los procesos” que se llevan a cabo en la Corte Penal Internacional (CPI). Además, aprovecharon para “radicar” el acuerdo del Parlamento sobre el rechazo a la presencia de grupos irregulares como las FARC y el ELN en Venezuela.
Viera-Blanco, quien conversó con el periodista César Miguel Rondón dijo haberse encontrado en La Haya “con un clima de receptividad” sobre la crisis venezolana, al igual que expresó también que realizaron su labor “complementado visitas con embajadores de países como Canadá y Ecuador, visitas institucionales del parlamento” con la finalidad de “tratar de mantener vivo el impulso (…) el anhelo de que se haga justicia con los temas de Venezuela”.
Al ser preguntado por las irregularidades presentadas en la zona de frontera generadas por los grupos irregulares, así como por la “alerta naranja” emitida por el mandatario Nicolás Maduro y la orden a la Fuerza Armada Nacional para hacer “ejercicios de soberanía”, el representante de Guaidó en Canadá explicó que con esta situación que ocurre en el país más la protección de la guerrilla y la proliferación del narcotráfico “crea una situación que la Corte Penal Internacional debe contextualizar”.
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Respecto a las gestiones adelantadas por el exdiputado Walter Márquez ante la CPI, Viera-Blanco indicó que el dirigente tachirense acudió a La Haya para dar seguimiento a las denuncias que lidera contra la fiscal general del organismo Fatou Bensouda, procedimientos que logró su admisión tanto por la presidencia de la Corte y del mecanismo independiente que tiene ese ente para investigaciones.
Dijo que Márquez lleva los procesos contra Bensouda por supuesta negligencia grave en el manejo de la justicia, haciendo referencia al caso de la deportación de más de 22 mil colombianos en 2015. “A eso súmale las barbaridades conocidas por tortura durante los últimos años; el informe Bachelet, que grafica 10 de las 11 especificades de delitos”.
“También alega que ella viene de un sistema en donde fue ministro de Justicia de sistema dictatorial, después fue de de un sistema dictatorial, cuyo ex dictador está en el exilio en Nueva Guinea y tiene acusaciones de un grupo de DDHH de Gambia”.
De igual forma, reveló la oficialización una tercera denuncia por “extermino” en Venezuela por falta de medicinas y alimentos en el país, misma que fue aceptada por la CPI.
