José Ignacio Hernández, procurador especial designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, considera que el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro lo que busca es desmantelar lentamente al parlamento hasta que “eventualmente pueda decir que no puede operar porque la mayoría de sus diputados están enjuiciados”.
A juicio de Hernández, las acciones que se han llevado a cabo por parte del Tribunal Supremo de Justicia contra el Poder Legislativo se generaron a partir de 2015, cuando la oposición tomó el control de la Asamblea Nacional. En ese sentido, dijo que la decisión del TSJ de ordenar allanamiento de inmunidad parlamentaria de los diputados José Guerra, Juan Carlos García y Tomás Guanipa, se debe ver como “un paso más” en ese ataque contra el Parlamento.
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Resaltó que las acciones que se tomen deben calificarse como “inexistentes” porque según su opinión, “no produce efecto jurídico” por ser la Asamblea Nacional Constituyente cuestionada desde su concepción, debido a que no contó con el aval del pueblo cuando fue invocada. “En Venezuela no se ha allanado la inmunidad parlamentaria de diputados”, señaló al periodista César Miguel Rondón en el programa En Conexión este lunes.
Dijo que el levantamiento del fuero parlamentario son “simples actuaciones espurias y sin valor jurídico” que no impide que las decisiones que tome la Asamblea Nacional sea reconocidas en el mundo.
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Alertó que un posible límite contra el Parlamento sea perjudicar directamente a Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero.
Señaló que la situación actual del país es “compleja” al igual que la solución para llegar al denominado “cese de la usurpación” y advirtió que lo que está en juego es o llegar a un gobierno de transición o “acelerar el colapso y pasar a ser la Somalia de Latinoamérica”.
