La directora de Asuntos Migratorios y Consulares de la Cancillería de Colombia, Margarita Manjarrez, explicó que los 59 colombianos que estaban detenidos en Venezuela desde 2016, y que recientemente fueron deportados a su país, tienen la potestad de tomar acciones legales contra las autoridades venezolanas debido a su arresto y reclusión arbitraria en el país y por los tratos “inadecuados” de los que fueron víctimas durante su reclusión en un calabozo policial en La Yaguara.
Subrayó que el Estado colombiano “no tiene esa prerrogativa” de ejercer acciones legales por ese caso, pero sí aseguró que desde que ocurrieron tales arrestos, las autoridades colombianas se pronunciaron “con firmeza de la arbitrariedad que se estaba cometiendo con los connacionales”, por lo que son ellos que tienen que considerar interponer acciones legales para la reparación.
*Lea también: Putin se reunió con el papa en El Vaticano en jornada marcada por una agenda precisa
Aseguró que gracias a las gestiones de la Cancillería, de la misión diplomática de ese país en Ginebra y la visita de la alta comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet. ayudó a la liberación de los 59 colombianos presos de forma arbitraria.
Entrevistada vía telefónica por el programa “Actualidad” la noche del 3 de julio, subrayó que luego de que se ordenara su liberación en noviembre de 2017, el consulado de Colombia en Caracas estuvo haciendo diligencias y gestiones para solicitar su excarcelación. Recordó que los funcionarios colombianos estuvieron brindando de forma permanente asistencia y acompañamiento en donde constataron en varias ocasiones las condiciones de cómo se encontraban esos 59 colombianos.
Indicó que luego de que fueran retirados los cónsules a principios de 2019 y la posterior ruptura de relaciones diplomáticas con la administración de Nicolás Maduro, continuaron trabajando con organizaciones como la ONU para alcanzar la liberación de sus connacionales.
*Lea también: Grupo de Lima invitó a 100 cancilleres del mundo para conversar sobre Venezuela
Denunció que las audiencias de imputación “fueron dilatándose” y acusó que en una de las últimas ocasiones se les iba a imputar cargos de terrorismo. Además, relató que aún las autoridades venezolanas no han enviado los dictámenes de las sentencias que ratifican su liberación. “No hemos sido notificados oficialmente de esa decisión”, acotó.
Señaló que cuando llegaron a su país, fueron recibidos e inmediatamente se hicieron evaluaciones de salud para constatar el estado en el que se encontraban. Agregó que esas personas no tenían antecedentes penales, explicando que ya en territorio colombianos fueron investigados para saber si habían cometido delito alguno o no.
“Están limpios. No tienen antecedentes, no cometieron delito alguno. Y cuando se detuvieron estaban trabajando informalmente, eran obreros, etc. Algunos no tenían una situación migratoria regular y esa fue su máxima infracción”.
