El Gobierno colombiano rechazó el pronunciamiento de un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU que condenaron el asesinato de exguerrilleros de las Farc y pidieron al Gobierno a respetar las garantías de seguridad fijadas en el acuerdo de paz.
“El Gobierno no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las Farc y viene haciendo un esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final”, señaló la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas divulgaron este martes un comunicado en el que condenaron “el reciente asesinato e intento de desaparición forzada” de Dimar Torres Arévalo, desmovilizado de las FARC, ocurrido el pasado 22 de abril en una zona rural del departamento de Norte de Santander.
“Este atentado es un desafío para el proceso de paz, ya que no cumple con el Acuerdo Final que exige el respeto a la vida de todos los excombatientes quienes deponen las armas. Por lo tanto, es una violación de las garantías acordadas por Colombia”, indicaron los expertos de la ONU, quienes consideraron este caso como una ejecución extrajudicial.
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En ese sentido, el Gobierno desmintió estas afirmaciones asegurando que han brindado todas las garantías de protección y se han tomado medidas para la implementación de los acuerdos.
“Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un ‘aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal’, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”, indicó el Gobierno.
Asimismo, rechazó que una actuación u omisión del Estado haya incentivado en actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc.
“La seguridad de quienes se acogieron al proceso de paz es una prioridad para este Gobierno, que no ha escatimado esfuerzos para garantizar su protección. Se continuará disponiendo de todo lo que se precise para afinar las medidas de aseguramiento para los hombres y mujeres que se acogieron a la legalidad y han continuado transitando en este camino”, indicó el Gobierno.
El pasado 15 de mayo el senador Carlos Antonio Lozada, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), denunció que desde la firma de la paz y hasta esa fecha habían sido asesinados 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares.
Con información de EFE
