En medio de la lucha que libra el mundo contra el cambio climático, ha tomado cada vez más fuerza la idea de crear un delito internacional de ecocidio con el objetivo de penalizar la destrucción de los ecosistemas en el planeta.
De esta forma, los promotores de esta idea buscan que los gobiernos y empresas paguen por los delitos que cometan en contra de la naturaleza y especialmente al planeta.
“Hay un apoyo cada vez más importante hacia quienes reclaman la institución de un crimen de ecocidio. La gente empieza a darse cuenta que si no nos tomamos en serio el cambio climático y las amenazas contra la biodiversidad, no nos quedará nada, ni para nosotros ni para nuestros hijos ni nietos”, explicó Rob White, profesor de Criminología en la Universidad australiana de Hobart.
De acuerdo con los expertos, este concepto no es nuevo y data de los años 1970, cuando el ejército estadounidense roció con millones de litros del herbicida Agente Naranja bosques y cultivos de Vietnam. Los efectos de aquella acción aún perduran en el país asiático.
Sin embargo, el estatuto de Roma, que dio lugar en 2002 al nacimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) solo incluye los “daños extendidos, duraderos y graves al medio ambiente natural” cuando estos se cometen en el marco de los crímenes de guerra.
En ese sentido, las organizaciones ambientalistas vienen luchando para que el delito sea aplicable también en tiempos de paz; pero su noción ha venido tomando una mayor fuerza desde hace un año, con el apoyo de la líder ecologista Greta Thunberg, del presidente francés, Emmanuel Macron, o del papa Francisco.
A finales de 2019, el Sumo Pontífice manifestó su deseo de que las conductas “consideradas ecocidas” no “queden impunes”, y puso como ejemplos “la contaminación atmosférica masiva, de los recursos terrestres y del agua”.
Un consenso a nivel mundial
Los promotores de la iniciativa han explicado que hasta el momento no existe una definición de “ecocidio” que genere consenso a nivel internacional y por eso es necesario crear en los países la importancia de adoptar este tipo de términos para combatir los delitos ambientales.
“Utilizamos una definición práctica: daños causados a la naturaleza a gran escala, graves o sistemáticos, y cometidos teniendo conocimiento de los riesgos”, explicó Jojo Mehta, presidenta de la Fundación Stop Ecocidio, que acaba de establecer un equipo de abogados y jueces internacionales para formular una definición.
De acuerdo con la experta, la esperanza es que el ecocidio sea añadido a la lista de delitos perseguidos por la CPI, junto con el genocidio, el crimen contra la humanidad y el crimen de guerra.
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Durante la asamblea general de la CPI de diciembre de 2019, las Maldivas y Vanuatu pusieron este tema sobre la mesa, invitando a que los países evaluaran esa posibilidad.
“Se sigue trabajando en ello. teniendo en cuenta la respuesta terriblemente inadecuada del mundo al calentamiento global y a la destrucción de la naturaleza, los dirigentes no pueden seguir ignorando esa idea”, indicó Dreli Solomon, diplomático de Vanuatu en Bruselas, al celebrar el “creciente movimiento social” que está despertando el tema ambiental.
Sin embargo, los activistas –que tienen a los grandes grupos petroleros en la mira– defienden que, si se crea el delito de ecocidio se pueda procesar a empresas o Estados y no solo a los individuos, algo que contradice las reglas actuales de la CPI.
La aplicación de este delito
Los expertos creen que todavía quedan muchos temas por solucionar al promover la creación del delito de ecocidio, por ejemplo, si debe aplicarse únicamente a los daños causados conscientemente.
Otras de las incertidumbres que existen es a partir de qué alcance se debe empezar a hablar de ecocidio, por lo que algunos promotores han asegurado que aspectos como la deforestación masiva de la Amazonia, el cambio climático, las mareas negras, la pesca industrial, la extracción petrolera y minera o la contaminación atmosférica deberían estar incluidos.
“El ecocidio no está destinado a castigar a los pequeños: ocurre como con el genocidio, no se persigue a los simples soldados sino a quienes dieron las órdenes”, insistió Jojo Mehta.
En ese sentido, se busca que este término sea utilizado para penalizar infracciones de las reglas medioambientales.
Por otro lado, los activistas prefieren quitarle hierro al asunto de las debilidades de la CPI, criticada por sus tibios resultados y por tener un margen de acción limitado, debido a que algunos grandes países no forman parte de ella, como Estados Unidos.
El experto Rob White cree que más allá de hipotéticas futuras condenas, la creación del delito de ecocidio a nivel mundial tendría “sobre todo una intención disuasiva” para forzar a los Estados a actuar frente a la destrucción ambiental.
“Si eres un genocida loco, no te preocupa lo que la gente piense de ti, pero si eres el presidente de una empresa que comete un ecocidio, tu reputación depende de ello, así como la cotización de tus acciones y el éxito de tu compañía”, manifestó el experto.
Finalmente, la presidenta de Stop Ecocidio subrayó que ese tipo de delitos deberían tratarse por la vía penal y no por la administrativa, como se hace actualmente en la mayor parte de los casos en los países del mundo.
“Con procesos en lo civil, las empresas prevén simplemente el presupuesto para pagar las multas o los daños, eso no cambia sus prácticas. Mientras que si su presidente está en peligro, esto crea otro tipo de disuasión”, destacó Jojo Mehta.
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